Alexandra Zapata es investigadora y activista. Licenciada en Política Pública por la Universidad de Stanford y maestra en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac. Fue Directora General Adjunta del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), miembro del consejo consultivo de MéXXIco Libre de Corrupción y consejera en la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud).
Ethos: ¿En dónde está parado México en el combate a la corrupción?
Zapata: Hemos visto una voluntad política por parte de la nueva administración de atender el problema de corrupción; sin embargo, seguimos en un país en donde la política anticorrupción es discrecional: se investiga a quien el presidente quiere que se investigue, hay una aplicación selectiva de la ley.
E: Pese a ello, hay una declarada política anticorrupción, ¿es sólida?
Z: No lo es. No estamos construyendo instituciones fuertes o no hemos terminado de consolidar y avanzar en una implementación de instituciones fuertes.
E: ¿En dónde tendríamos que redoblar esfuerzos para lograr esos cambios?
Z: Mayor capacitación de servidores públicos y en cambiar la percepción de impunidad, que fomenta que proliferen actos chiquitos de corrupción de la cotidianidad. Parte importante pasa por cerrar espacios de opacidad y de discrecionalidad, crear espacios de denuncia claros y de auditoría ciudadana. Pero también pasa por ampliar la capacidad y asignar presupuesto, revertir ese saber popular de que el Poder Judicial no tiene la capacidad para investigar y sancionar un caso.
E: ¿Es más política la asignación presupuestaria que una falta de recursos?
Z: En cierta medida sí pueden castigar investigaciones cortando el financiamiento. Por ello tenemos que garantizar que estos presupuestos no solo sean suficientes, sino que no se muevan por decisiones políticas, que estén garantizados para blindar las investigaciones de mediano y largo plazo de las fiscalías. Debería de establecerse por periodos: un presupuesto fijo para atender la corrupción durante seis años.
E: ¿Cómo tendríamos que blindar el combate desde la parte presupuestal?
Z: De la misma manera que queremos blindar la independencia de un fiscal, estableciendo un periodo de su encargo de nueve años y que sea transexenal, deberíamos tener decisiones similares para el presupuesto y en donde no pueda entrar un gobernador nuevo, un presidente nuevo y decir “para mí esto ya no es una prioridad”. La segunda es que en la medida en que las fiscalías sean exitosas investigando y sancionando, podemos empezar a pensar en mecanismos en donde las propias fiscalías se beneficien de los recursos recuperados de las investigaciones anticorrupción en otros países.
E: ¿La recuperación de bienes y recursos es un talón de Aquiles en el combate a la corrupción?
Z: Hay muchísima frustración porque vemos casos emblemáticos de funcionarios que terminan en la cárcel, pero siguen teniendo toda su riqueza. Los recursos de los mexicanos nunca se recuperan, nunca se redestinan al objetivo inicial. Necesitamos políticas que recuperen esos bienes, porque esa recuperación genera incentivos para la Fiscalía y para que también los mexicanos sintamos que no hay impunidad, que el castigo no solo es la cárcel.
E: Usualmente se piensa que la corrupción es la que se hace visible, como el caso Duarte o la Estafa Maestra, ¿pero es solo eso?
Z: La corrupción que lastima a los ciudadanos en el día a día no es Javier Duarte, es la extorsión a su pequeño negocio, es el moche que tienen que dar para que los atiendan en la clínica. Esta corrupción está en la sombra. Nos falta atender los problemas de corrupción que afectan a los ciudadanos en la cotidianidad, en su interacción con el gobierno, en su día a día.
E: ¿Qué hay de la protección de testigos como parte de esta ecuación?
Z: Si quieres que el combate a la corrupción sea real, debes tener mecanismos de protección de denunciantes, no solo canales de denuncias. Hay que protegerles, garantizar su integridad, su trabajo, para que sean ejemplos para otras personas que quieran también denunciar y alzar la voz contra los abusos. Sin duda es caro, pero creo que la anticorrupción es una de las políticas más rentables que puede emprender un gobierno, porque es mucho más caro para México que todos estos recursos no lleguen a su destino.
E: ¿Cómo cerramos espacios de discrecionalidad por medio de la ley?
Z: Se ha hablado mucho de [crear] la Ley General de Obra Pública y de Compras Públicas. No es posible que tengamos diferentes criterios de compras a nivel federal y en los estados. Ahí hay una oportunidad de oro para el ahorro de recursos públicos.
E: ¿Qué inversión podría hacer ya el país para acelerar el paso en esta lucha?
Z: Construir bases de datos sólidas que puedan cruzarse entre sí. Por ejemplo, las listas de funcionarios sancionados a nivel nacional durante décadas en México. Una base unificada de funcionarios sancionados cerraría la posibilidad de que salte de federación a municipio o a estado.
E: ¿Qué falló en la construcción del SNA?
Z: Los mexicanos tienen que destinar un porcentaje enorme de su ingreso a pagos para acceder a servicios públicos que no deberían tener que pagar. En el planteamiento del SNA me parece que no hubo suficiente enfoque en eso. Tenemos que estar peleando la trinchera de estos espacios de corrupción y de discrecionalidad en el nivel hiperlocal; sin ese enfoque para solucionar estos pequeños problemas va a ser bien difícil que los mexicanos crean que este sistema sirve, y si no sentimos que nos genera valor, no lo vamos a defender.
E: ¿Cómo podemos fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)?
Z: Peleando presupuestos, con ciudadanos involucrados que auditen los procesos de designación. Pasar por un blindaje de cómo se designan los miembros del Comité de Participación Ciudadana, para monitorear la evolución patrimonial y los conflictos de interés de un servidor público.
E: Todo cambia, incluso los mecanismos con los que se cometen actos de corrupción, ¿cómo evitar que nos lleven la delantera?
Z: La legislación no puede ser estática porque todo el tiempo evoluciona el crimen de corrupción en México y en el mundo; la legislación se adapta a tratar de encontrar mecanismos para brincar las trabas. Un combate a la corrupción efectivo tiene que considerar, desde un inicio, una actualización constante. Conforme se encuentren nuevos mecanismos para esconder dinero, conforme avancemos en el uso de criptomonedas para esconder patrimonio, la legislación tendrá que reaccionar y las instituciones de combate a la corrupción van a tener que evolucionar. Debemos primero fortalecer lo que ya tenemos, y segundo pensar en un proceso de evolución constante.
E: ¿Cuál es el rol de la sociedad civil?
Z: Desde muchísimas trincheras los mexicanos peleamos, activamos e impulsamos causas que nos preocupan. Me parece impensable que un sistema, una institución funcione sin contrapesos desde la sociedad. La agenda anticorrupción nos une a muchísimos ciudadanos, probablemente a la gran mayoría. Somos muchos más los mexicanos que no somos corruptos y creo que nos une este deseo de ver un México en donde sí funcionan las cosas, en donde admiramos y respetamos a nuestros funcionarios públicos.