Luis Pérez de Acha es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en la misma materia por la UNAM. Ha ejercido el litigio desde 1984, principalmente en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo. Ha sido articulista en El Universal, Reforma, Excélsior y Animal Político, además de profesor en universidades como el CIDE, el ITAM y la Universidad Iberoamericana. Fue integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de 2017 a 2019. Hoy es socio del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda y presidente de la asociación civil Justicia Justa.
Ethos: Llevamos unos 30 años de reformas desde la “renovación moral” de Miguel de la Madrid, la creación de la Secretaría de la Contraloría, de la Función Pública, ahora el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ¿esta vez puede ser distinta a las anteriores?
Pérez de Acha: Se creó una falsa idea de lo que se lograría con el Sistema Nacional Anticorrupción y en particular con el Comité de Participación Ciudadana, lo que sí fue un gran logro no es tanto la coordinación institucional, esa tiene que darse con SNA o sin él; es decir, la Fiscalía General tiene que coordinarse con el SAT [Servicio de Administración Tributaria], con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Secretaría de la Función Pública, con la Auditoría Superior de la Federación. El mayor logro fue institucionalizar la participación ciudadana en el modelo de la prevención y el combate a la corrupción, esa es la parte más importante, a la ciudadanía se le dio una legitimación social, mediática incluso, política y no se diga jurídica para participar en todos estos procesos. Ese fue el gran logro y hay que ver cómo fortalecerlo.
E: Cuéntanos de tu cruzada contra las empresas fantasma.
PdA: Las empresas fantasma en los dos últimos sexenios se soltaron la cabellera. Siempre han tenido una participación activa en el mundo fiscal para evadir impuestos, pero en los últimos 15 años se desató el fenómeno de las empresas fantasma para desviar recursos públicos. La estafa maestra es un emblema por la dimensión mediática que tomó, pero no es el más grande de los casos ni el único.
El giro que se le tiene que dar a las empresas fantasma, además de combatirlas penalmente, es acotar el margen de actuación, que no tengan esa libertad de constituirse y operar de manera impune; se tienen que fortalecer dos mecanismos de control: uno a través de los notarios y otro a través del sistema bancario para impedir la incursión de más empresas fantasma.
E: ¿Cómo se puede evitar, por ejemplo, que un notario pueda crear una empresa fantasma con las credenciales de elector que recogen los factureros en comunidades de bajos recursos?
PdA: Ese es uno de los grandes problemas. Hay credenciales de elector que son válidas oficialmente, pero la identificación del sujeto es falsa; identifica a una persona que no es la que se ostenta realmente, pero el documento es válido, es oficial. Algunos notarios lo que están haciendo es pedir además el pasaporte como segunda identificación y el acta de nacimiento. Me parece que el sistema bancario tiene oportunidades en este sentido: no solo solicitar la identificación del INE, sino también pedir documentos complementarios que lleven a la certeza de que la persona que está abriendo una cuenta de cheques, una cuenta de inversiones, es quien dice ser.
E: Tú has dicho que hay un cártel de los factureros, ¿cómo evitar que las nuevas reformas nos hagan una quimera como ya sucedió con el cambio de las facturas de papel?
PdA: Uno de los temas que existe y se ha magnificado es el de la impunidad. Los factureros operan en ámbitos de impunidad altísimos, por lo que se sienten invencibles. Están bien identificados por nombre y apellido, lo que sorprende es que las autoridades no hayan actuado en su contra con determinación. En cada sexenio hay factureros destacados, en el sexenio de [Felipe] Calderón hubo dos o tres, en el de [Enrique] Peña Nieto igual, la gran pregunta es por qué no se ha actuado en contra de ellos. Eso no habla más que de un ambiente de complicidad extendido en todos los niveles: políticos, empresariales, de gobierno.
Si a los que son cabezas no se les persigue, pues también a los factureros no tan brillantes, no tan ostentosos, les resulta fácil seguir el modelo de evasión y de desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma. Sobre todo a través de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que son una coladera enorme para las empresas fantasma sin ningún problema; ciertamente tienen un tope en que pueden facturar, pero si lo rebasan, en un año las cierran y abren otras.
E: ¿Además de las empresas fantasma, qué otros retos hay en materia de corrupción?
PdA: En el tema de contratación pública hay rezagos importantes, como la plataforma de Compranet que está desactualizada; los estados y municipios –sobre todo los municipios– todavía están recibiendo y exigiendo pagos en efectivo, cuando la ley de contabilidad gubernamental establece que tienen que ser por transferencia bancaria. Hay otros, como que los contratos públicos se puedan transferir a terceras personas, es todo un esquema de simulación en los pagos.
Otro tema son los convenios con universidades públicas, porque esos no pasan por ningún proceso de licitación. Hay mucho que hacer, mucho trabajo pendiente. De otra manera, la lucha contra la corrupción va a ser una fantasía.
E: ¿Por qué en México hay tanta corrupción?
PdA: Es un problema de impunidad. Cada vez que se reforman las leyes para combatir la corrupción me da la impresión de que es una simulación. La corrupción se combate con acciones, no con leyes, ciertamente hay que apuntalar y mejorar los textos legales, pero no podemos seguir en la línea de condicionar acciones legales a la espera de nuevas reformas. No queremos sujetar la actuación a reformas legales, en aras de ir con más efectividad. Como dice el refrán popular: lo mejor es enemigo de lo bueno.
E: ¿Es un tema de voluntad política?
PdA: Completamente.
E: ¿Qué opinas del discurso del presidente de barrer la casa de arriba hacia abajo?
PdA: Es muy importante, porque los mayores esquemas de corrupción, sobre todo en el sexenio de Peña Nieto, se construyeron arriba y, evidentemente, si se desarticulan los mandos superiores, si se pierde el compromiso con una actuación honesta, funcional, efectiva de la función pública, eso se trasmina, fluye hacia las capas inferiores. El discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador me parece interesante, pero también hay que combatir de abajo para arriba, es en dos vías.