Patrick Moulette es jefe de la División Anticorrupción de la Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 1985, cuando comenzó su carrera en el Departamento del Tesoro del Ministerio de Finanzas francés, no existían tratados internacionales para monitorear el lavado de dinero trasnacional ni lineamientos para combatir la corrupción en las contrataciones públicas. Ahora que encabeza un grupo de trabajo que vigila las transacciones comerciales internacionales en 37 países, Moulette recuerda cómo durante la década de los noventa se crearon mecanismos para acotar los espacios a la corrupción internacional.
Ethos: Usted considera que en los noventa se sentaron bases importantes para la lucha contra la corrupción, ¿por qué?
Moulette: Históricamente creo que fue muy importante. A finales del siglo XX hubo varias iniciativas internacionales contra el crimen financiero. Comenzó con las recomendaciones en contra del lavado de dinero en 1990, y pavimentó el camino para el desarrollo de otros instrumentos de combate a la corrupción. También en las Naciones Unidas se firmó en Viena la Convención contra las drogas [de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas].
En los noventa también hubo escándalos que involucraron a compañías de países de la OCDE. El caso más famoso fue el de la empresa Lockheed, que sobornó a cinco funcionarios japoneses, lo que hizo que en Estados Unidos decidieran que no podían continuar sin un acuerdo internacional para luchar contra la corrupción. Entonces recurrieron a la OCDE, preguntaron a la organización si podía hacer ese trabajo y comenzó con la noción de una lucha contra los pagos ilegales y después de varias reuniones con expertos se determinó que existía la necesidad de emprender un tratado internacional: la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, un instrumento legalmente vinculante.
El objetivo era emparejar el terreno de juego en los negocios, porque en ese momento, en 1997, Estados Unidos era el único país que tenía la legislación para combatir el soborno en el extranjero, la convención estuvo muy inspirada en este instrumento.
E: A más de 20 años de su implementación ¿cuál es el impacto que ha tenido esa Convención a nivel internacional?
M: Su impacto podemos verlo muy claramente 20 años después. Ahora son 44 países, todos los que forman parte de la OCDE, y ocho más que no pertenecen a la Organización los que han adoptado legislaciones para luchar en contra de los sobornos internacionales, así que ahí también ya es un crimen, una ofensa criminal, sobornar a funcionarios públicos.
Otro aspecto interesante es que en estos 20 años los sobornos ya no son deducibles de impuestos. Este aspecto no es tan conocido, pero en algún momento fue legal deducir los sobornos de tu declaración de impuestos. Cuando las compañías querían recibir el dinero de regreso al hacer sus declaraciones de impuestos, decían que hacían pagos por consultoría, costos de marketing y, en algunos países, había unidades especiales en los ministerios de Finanzas que recibían a las compañías para que pudieran aclarar esos pagos. Esto fue hace mucho tiempo, hace 22 o 23 años. Pero ahora esto ya no está en la ley, ya no está en los libros.
Lo que sí hay ahora son casos: 560 individuos y 184 entidades han sido condenadas por conducir sobornos en el extranjero. Este es el tipo de impacto que ha tenido [la Convención], tal vez no sea suficiente, pero al menos hay resultados. Y entre los individuos procesados, 125 fueron enviados a prisión por sobornar en el extranjero.
E: ¿Por qué es tan importante el combate al lavado de dinero para acabar con los sobornos?
M: No existe un solo caso de soborno que implique a un solo país. Por supuesto que hablo solo de casos grandes, no de corrupción diaria como darle un billete a un policía para evitar una multa o al empleado administrativo para obtener una licencia; estos son casos pequeños y las ganancias de este soborno se quedan en el país. Pero los casos grandes inevitablemente tienen una dimensión internacional. Hay dos formas. Por ejemplo, una compañía europea da un soborno a un servidor público en un país africano para obtener un contrato para construir un hospital, y eso lo vuelve internacional, va de Europa hacia África.
Pero en ocasiones es más complicado que eso debido a que el servidor público recibió un soborno muy grande, millones de dólares, dinero que tiene que integrarse al sistema financiero y ahí es donde viene el lavado de dinero. Esos pagos deben reciclarse, la mayoría de las veces, si es posible dentro de un solo país, dado que no tiene un sistema bancario sofisticado o las posibilidades de invertirlo son ilimitadas. Entonces el sobornador tendrá que enviar ese dinero a través de cuentas bancarias offshore, en las que hacen menos preguntas sobre la verdadera identidad del beneficiario. En este punto, una vez que el soborno se ha efectuado, ya cobra dimensión internacional, pero incluso antes de que el pago se haga al servidor público puede haber intermediarios. Por lo regular la compañía no le daría el soborno directamente al servidor público, sino que usa intermediarios ubicados en otros países.
Por todo lo anterior, es muy importante que un país pueda intercambiar información a través de acuerdos internacionales.
E: ¿Qué países han logrado implementar estrategias para reducir efectivamente sus niveles de corrupción?
M: Hay dos ejemplos muy importantes. El primero que me viene a la mente es el Reino Unido. Tuvimos serios problemas con esta nación en 2006 porque salió a la luz un gran escándalo de soborno, el de British Aerospace que dio un soborno a un miembro de la familia real en Arabia Saudita para firmar un contrato de venta de aviones de combate. Por supuesto, eso era contrario a la convención antisoborno de la OCDE, constituía una violación de la convención.
El comité de la OCDE responsable de monitorear la implementación de la convención, se preguntó por qué Reino Unido brindaba esta posibilidad, se planteó si la convención estaba bien. Había una disposición que obligaba a los países firmantes a ser evaluados regularmente en cuanto a su implementación por los otros miembros, los cuales se reúnen cuatro veces al año para discutir. En ese momento el grupo se enfocó en analizar al Reino Unido y preguntar por qué había sucedido esto. Una de las razones fue que la ley en ese país era muy vieja, databa de principios del siglo XIX, y el mundo había cambiado mucho desde ese momento hasta 2006. Se le pidieron informes y finalmente, cuatro años después, en 2010, este país adoptó una nueva legislación que se conoce como la Ley Antisobornos del Reino Unido, que hoy es reconocida como una de las más efectivas en todo el mundo para combatir la corrupción.
Más recientemente, en 2012, se emitió un reporte muy crítico hacia Francia donde se decía que en realidad no aplicaba bien la Convención; ni una sola compañía en ese país la ponía en práctica. Así que la OCDE trabajó de manera muy intensa, pidió a Francia ser más proactiva y finalmente, después de reportes, presiones y críticas, este país promulgó una nueva legislación a finales de diciembre de 2016 conocida como la ley Sapin, por el apellido del ministro de Finanzas que la presentó ante los legisladores. Esta ley introdujo la posibilidad de implementar acuerdos fuera de la corte, y se creó una nueva agencia anticorrupción.
Esos son ejemplos de cambios significativos liderados por la Convención en el mundo monetario.
E: ¿Qué importancia tiene la voluntad política en la lucha contra la corrupción?
M: La voluntad política es algo realmente esencial, porque se necesita estar de acuerdo en suscribirse a un tratado pero también en implementarlo, y si no hay voluntad política no habrá resultados. Sabemos que la política varía mucho, así que de vez en cuando necesitamos recordarles sus obligaciones, para eso sirven los tratados.
En ocasiones afectamos intereses políticos cuando monitoreamos a los países, pero hace 20 años ellos acordaron ser monitoreados, así que no pueden retractarse de este acuerdo porque sería políticamente perjudicial para un país. Por otra parte, siempre tenemos que alcanzar un mayor progreso. A pesar de los logros que ya hemos tenido, siempre hay una necesidad de ser mejores, y si un gobierno no impulsa la aplicación de la ley, si la policía o los jueces no lo hacen, entonces la aplicación del tratado quedaría estancada. La voluntad política para este tipo de trabajo es absolutamente necesaria.