Enrique Cárdenas es licenciado en Economía por el ITAM, maestro y doctor en Economía por la Universidad de Yale. Fue rector de la Universidad de las Américas Puebla (1985-2001) y candidato a la gubernatura de Puebla en 2018. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III, desde 1996. Fundador de Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad, AC.
Ethos: ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta México en el combate a la corrupción?
Cárdenas: No ha sido posible echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), tampoco los sistemas estatales por un problema de fondo: la clase política no quiere acabar con la corrupción. Hay avances, sin duda; no obstante, lo que se ha logrado es relativamente poco para lo que se necesita. Hay una falta de voluntad política clara y evidente de prácticamente todos.
E: ¿Cómo hacemos para que el político comience a tener esta voluntad de hacer los cambios que realmente necesita este país?
C: En primer lugar, usar un instrumento que tenemos: empoderar a los Comités de Participación Ciudadana (CPC). Cuidar que los miembros de los comités sean de la mejor calidad y que se empoderen, que se acompañen en la exigencia de que verdaderamente se luche contra la corrupción, que levanten la voz fuerte ante las diferentes instituciones que componen el sistema, que hagan su trabajo como debe de ser.
En Puebla, por ejemplo, el CPC no está mal, ahí está, pero los demás miembros del Comité Coordinador, compuesto por funcionarios públicos, no están dispuestos a hacer su trabajo, porque sigue habiendo mucha dependencia del Poder Ejecutivo en turno. Hoy estos órganos siguen relativamente cooptados y si el Ejecutivo no quiere meterse en la bronca, pues simplemente hace que el sistema no acabe de funcionar.
E: Sobre este empoderamiento, ¿quién tendría que hacerse cargo?
P: No es tanto una preparación técnica sino una decisión. Deben tomar un liderazgo entre ellos mismos, como la sociedad civil. No es solamente una decisión institucional, sino individual, porque falta más arrojo entre algunos de sus miembros, muchos están amedrentados, amenazados o por lo menos le tienen temor a las represalias que pudieran venir.
E: ¿Cuáles son las prioridades para el país?
C: Primero, insisto, que funcione el Sistema. En segundo lugar, señalar aquellos casos donde encontremos actos de corrupción que puedan venir del sector, en donde muchas veces están involucrados algunos sectores privados, y por lo mismo también deberíamos estar empujando que las propias empresas y organizaciones establezcan los mecanismos para detectar actos de corrupción en su interior. Lo tercero es dar muchísima visibilidad, que esto se conozca y difunda ampliamente.
E: Hay temas que si bien han sido contemplados, no están de lleno dentro del Sistema, como la profesionalización o la fiscalización de campañas electorales, ¿qué tan prioritarios le parecen?
C: Estoy de acuerdo en que el SNA se puede perfeccionar, sin duda, pero honestamente mientras no jale lo que ya tenemos, difícilmente vamos a poder incluir aquellas agendas que quedaron fuera. El Sistema no termina de funcionar no porque le falte lo que acabas de mencionar, sino porque le falta lo más fundamental y es que cada miembro haga su trabajo.
E: Hablando de legislaciones, fuera del Sistema, ¿alguna en la que usted detecte debilidades o vacíos que impidan combatir la corrupción?
C: Estuve en una campaña electoral [en 2018] y el Instituto Nacional Electoral en su fiscalización no cubre partes fundamentales en las que hay mucha corrupción y delitos electorales. En sus protocolos de fiscalización no contempla el acarreo de la gente a los mítines ni la compra de votos, no hay un seguimiento de lo que se está prometiendo.
Solo van y ven votar a la gente. Esto debió de haber costado tanta lana y se acabó, pero no ven si a la gente le pagaron dinero o si le dan algo para que vaya a los mítines, no se ponen a averiguar eso, simplemente van de observadores y se acabó. En cambio, si tuvieran una actitud más incisiva, podrían hacer una investigación al respecto.
E: Con la fiscalización viene el presupuesto, pero el presupuesto para el combate a la corrupción llega poco. ¿En qué se traduce?
C: Tenemos casos en los que las fiscalías (estatales) anticorrupción tienen dos o tres personas para operar, o sea, ¿cómo queremos que actúe?, ¿con eficacia? Prácticamente tienen un personal superlimitado en términos de su propia actuación y autonomía. Entonces sí hay un problema de financiamiento: si tú quieres que algo no jale, aunque digas que ya está listo pues simplemente no le das dinero. Por ejemplo, en Puebla, la procuración de justicia es pésima. Tenemos dos ministerios públicos por cada 100,000 habitantes. Es brutal. ¿Cómo quieres que se persigan los delitos con dos MP por cada 100,000 habitantes? Chihuahua tiene 22, imagínate. La parte presupuestal no puede quedar fuera de la discusión.
E: ¿Cómo se vivió el combate a la corrupción en la administración de Rafael Moreno Valle y la secuencia que hubo después con Tony Gali?
C: Ciertamente había incontables formas de extraer recursos del erario público. En muchas ocasiones no tanto para fines personales, sino para fines políticos: financiando campañas de otros estados.
Con Rafael Moreno Valle surgió la trama AUDI, enorme la corrupción con precios elevados en las obras, moches, concesiones de carreteras a sobrecosto, y por otro lado obras que son carísimas y financiadas con deuda pública que no fue autorizada por el Congreso, sino a través de fideicomisos privados y con una reforma a la ley, que sigue vigente, que es inconstitucional y que este gobierno sigue sin cambiar. Esto pasó en 2012 y sigue igual. Ejemplos así hay muchos.
E: Si pudiéramos usar como ejemplo el caso del estado de Puebla, ¿qué tendríamos que reforzar y qué papel tendría que jugar el gobierno federal para evitar casos como los que menciona?
C: Puebla es parecido a muchos otros lugares en esto. Hay una coptación total del Congreso, la Auditoría Superior del Estado está a la orden del Ejecutivo, el Instituto de Acceso a la Información Pública es un chiste, permite que la información se reserve sin más. Luego la Fiscalía (Estatal Anticorrupción), no se diga, no hace nada, en parte porque no tiene personal –como ya decía– y porque tampoco tiene mayor independencia ni autonomía.
Entonces sí hay muchos componentes del sistema que no funcionan. Los estados tienen que hacer su trabajo también, tenemos que pugnar para que haya esa autonomía de los órganos constitucionales autónomos y que sea efectiva y no tengamos que acudir a la Federación.
E: Y la federación tampoco es garantía…
C: Ahora también necesitamos ayudar a proteger a esos órganos. Sabemos de las andanadas en contra del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y conocemos las andanadas contra el INE.
Hay un acoso fuerte en contra de los órganos autónomos, entonces la federación no es garantía, lamentablemente. No hay que dejar que estos contrapesos institucionales sean mermados y menos sean nulificados.
Tenemos que unirnos para poder hacer un frente que permita justamente asegurar una democracia en donde haya pesos y contrapesos institucionales, en donde haya una verdadera división de los tres poderes, en donde las organismos autónomos sean respetados, independientes y efectivamente autónomos. Eso es lo que se tiene que lograr.