Lizbeth Padilla es doctora en Derecho por la UNAM, realizó un posdoctorado en la materia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como parte del programa del Conacyt para investigadores de alto nivel académico. Es profesora del posgrado en Derecho y en Política Criminal en la UNAM, así como de la maestría en Anticorrupción del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha capacitado a la administración pública federal en materia anticorrupción y lavado de dinero. En 2017 fue candidata a Fiscal Anticorrupción.
Ethos: ¿Cuál es el principal problema que tenemos como país en materia de corrupción?
Padilla: La conciencia social, que no sabemos cuáles son los alcances que tiene un acto de corrupción, un fenómeno que pasa por el robo de menores, trata de personas y el narcotráfico. El segundo punto es que no se invierte, sobre todo en la capacitación de los servidores públicos. El tercer elemento es la selección del personal operativo para el combate a la corrupción –fiscales anticorrupción, ministerios públicos, unidades de responsabilidades administrativas–, que deben ser personas extremadamente calificadas.
E: ¿Cuáles son las prioridades que debemos tener en este combate?
P: Primero, el rediseño del sistema. Se deben elevar los delitos [por hechos de corrupción] a materia de delincuencia organizada, aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio hacia los corruptos. También se tiene que dar toda la apertura a todas las técnicas de investigación, tanto lícitas como aquellas técnicas especiales que maneja la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para las autoridades investigadoras, incluyendo las administrativas.
E: ¿Qué características debe tener el personal que lucha contra la corrupción?
P: No se vale que una persona pueda tener un cargo de autoridad investigadora por amiguismo, porque es padrino de alguien o porque se le debe el favor político. Debe ser una persona que conozca de normas jurídicas, de derechos humanos, del ámbito internacional en materia de corrupción, del ámbito procesal. Sin embargo, tenemos un grave problema porque tenemos personas dentro de las unidades de responsabilidades administrativas que ni siquiera saben cómo obtener una prueba lícita por efecto de no violar derechos humanos.
E: ¿Qué papel juega la política en el combate a la corrupción?
P: Nos hace muchísimo daño. Por ejemplo, aquí en México tenemos muy buenos peritos, pero desgraciadamente a algunos simplemente los corren, los despiden de sus labores porque no forman parte del equipo político actual. Mientras no separemos el discurso y los intereses políticos del verdadero combate a la corrupción, no vamos a avanzar. En otros países no importa si estoy investigando a mi mejor amigo. En Irlanda o Italia se investiga y si tiene que ir a prisión, va a prisión. Aquí se cubren las espaldas.
E: ¿Cuál es tu perspectiva sobre las dificultades de juzgar a un funcionario en activo?
P: Se debe eliminar el fuero en todos los niveles, porque nos hace muchísimo daño. Una falta administrativa prescribe en siete años y un delito cometido por hechos de corrupción, en ocho. Mientras estén en sus cargos el presidente municipal o el regidor, quienes tienen fuero, el diputado o el senador, no se les puede tocar un pelo. Simplemente a los ministros de la Corte que duran en su cargo 15 años, cuando salen de su puesto ya prescribió la falta.
Si verdaderamente quisiéramos combatir la corrupción, todo funcionario estaría siendo investigado en este momento por la Auditoría Superior de la Federación o los órganos internos de control de sus propias dependencias.
E: ¿Habría que implementar prácticas preventivas, un análisis previo a la designación de un cargo público?
P: Una investigación exhaustiva en materia de lavado de dinero con las técnicas especiales de investigación que maneja el artículo 11 bis 1 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Si tienes cola que te pisen desde una perspectiva jurídica, entonces no eres apto para un cargo de elección popular. Esto urge que se implemente en el rediseño del sistema.
Los corruptos en nuestro país son enemigos de la ciudadanía, me refiero a que deben ser tratados como enemigos y no como ciudadanos: que estén en prisiones de máxima seguridad, que sean suspendidos temporalmente de sus empleos, que les sean extinguidos sus bienes y que además, sus comunicaciones puedan ser intervenidas por la autoridad.
E: ¿Consideras que el fiscal anticorrupción no tiene capacidad operativa? ¿Qué faltaría para tener autonomía real?
P: El discurso jurídico dice que operativamente es autónomo, pero al mismo tiempo, la norma jurídica no permite que el fiscal nacional anticorrupción ni ningún fiscal de los estados de la República pueda acceder a los testigos protegidos. Para usarlos en materia anticorrupción, se requeriría que los delitos cometidos por hechos de corrupción se elevaran a delincuencia organizada.
E: Se dice que los testigos protegidos son caros
P: La Constitución te dice exactamente quiénes son los testigos protegidos, tenemos protocolos de actuación en materia penal para proteger testigos, lo que no tenemos es el dinero o más bien, la voluntad política para invertir en el combate a la corrupción. Si tenemos políticas públicas de austeridad, el testigo protegido cuesta mucho dinero.
E: ¿En dónde está el corazón del combate a la corrupción?
P: El verdadero combate a la corrupción es el seguimiento de los dineros, la recuperación de activos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera nos dice que ha bloqueado muchos millones de pesos en cuentas bancarias, pero eso no es recuperación de activos. La recuperación de activos es obtener sentencias condenatorias sin violación de derechos humanos hacia un sujeto imputado por delitos de corrupción. El bloqueo de cuentas bancarias es una medida cautelar.
E: ¿Qué aciertos legislativos tenemos en el combate a la corrupción?
P: La Ley General de Responsabilidades Administrativas. No se puede utilizar un testigo protegido en materia penal, pero sí en materia administrativa, disciplinaria, lo cual, además, es absolutamente constitucional. Se prueba el denunciante anónimo en materia administrativa disciplinaria. ¿Cuál es el problema? Que las autoridades administrativas no están capacitadas. Eso es grave: se requiere inversión para capacitar a las autoridades en la parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
E: ¿Qué áreas tendrían que reforzarse presupuestalmente para mejorar el sistema?
P: Definitivamente las unidades de responsabilidad administrativa de los municipios, de los estados de la República, y de toda la parte de la administración pública centralizada a nivel federal. Por supuesto, a la parte del fiscal anticorrupción [los estatales y la federal] se le tiene que dar [más] presupuesto. He platicado con algunos fiscales y me dicen que ni siquiera tienen para hojas.
E: ¿Qué piensas de un gobierno que llegó con una bandera de combate a la corrupción?
P: El combate a la corrupción en nuestro país es de emergencia, porque económicamente nos está desequilibrando muchísimo. No es de este gobierno, es de gobiernos anteriores, pero eso no implica que este gobierno no combata la corrupción y ponga como punto de justificación que la corrupción viene de antes.