Bonnie J. Palifka es doctora en Economía y cuenta con una maestría en Ciencias Económicas por la Universidad de Texas. Es profesora en el Instituto Tecnológico de Monterrey y en la Universidad de Yale, instituciones en las que imparte cátedra sobre las causas y las consecuencias de la corrupción. Es creadora de la Conferencia Academia contra la Corrupción en las Américas y coautora de la segunda edición del libro Corrupción y gobierno: causas, consecuencias y reformas (Cambridge University Press, 2016).
Ethos: ¿Cuáles son las condiciones mínimas con las que un país debe cumplir para lograr un combate efectivo a la corrupción?
Palifka: Para empezar, buenas leyes. En el caso de México, las tenemos, pero se tienen que aplicar. Para que eso ocurra se requiere de voluntad política, desde arriba, pero también se necesita voluntad a nivel gerencial, dentro de la administración de las oficinas.
E: Contamos con leyes, pero hay un eslabón roto entre su existencia y su aplicación que pasa por la ciudadanía, ¿qué hueco debemos cubrir?
P: Necesitamos un convencimiento de parte del pueblo y de las empresas, personas físicas y morales, de que la corrupción nos afecta a todos, que quizá en un corto plazo nos puede beneficiar a nivel individual, pero que a largo plazo y a nivel macro no nos conviene. Esto requiere educación y campañas publicitarias que se pueden hacer desde gobierno, empresas y sociedad civil.
E: La confianza de la ciudadanía está fracturada, ¿la falta de transparencia gubernamental es un factor a considerar en esta ecuación?
P: La transparencia es necesaria, pero no suficiente. La transparencia es un medio para la rendición de cuentas, no un fin. Nos sirve para sacar información a la luz, abrir un caso, quizá llegar a un juicio tras un escándalo para lograr la rendición de cuentas.
E: Pero lo que hemos visto es que llegar a la rendición de cuentas ocurre en uno de cada 100 casos, en suma, la rendición de cuentas tiene muchas trabas…
P: Requiere de un sistema judicial comprometido e independiente, pero sobre todo, libre de corrupción. Lo más importante es que cuando ocurra la rendición de cuentas, se aplique una sentencia que sea lo suficientemente grande.
E: ¿Cómo fomentar la participación ciudadana?
P: Creando islas de honestidad donde las cosas funcionan bien: en una oficina, un pueblo, una ciudad; empezar con lo más chico. Por ejemplo, en Monterrey, todo mundo sabe que en el municipio de San Pedro no hay que exceder la velocidad, porque ahí sí te aplican la multa. Esas islas de honestidad pueden tener efectos que se derramen a otras áreas. Lo mismo en ciertas oficinas: cuando se comportan con profesionalismo, entonces la gente empieza a comparar y a cuestionar.
E: En México tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero antes de esto, ¿tendríamos que fortalecer o crear estas islas de honestidad por medio de sistemas más pequeños?
P: El SNA está diseñado para promover ese tipo de cooperación. Falta fortalecer la consolidación de una base de datos nacional donde podamos consultar a todos los servidores públicos sancionados por corrupción para que no se contraten en otro municipio, en otro estado. Además, tenemos los sistemas estatales, pero nos faltan los municipales. En muchos estados no se han aprobado las leyes del sistema municipal anticorrupción. También debe haber una ley efectiva de protección al denunciante, el problema es cómo lo haces efectivo en un país como México.
E: ¿Cuáles son los puntos mínimos de seguridad que debería garantizar el Estado para un testigo protegido?
P: Sacarlo del país para protegerlo bien. Aprovechar los tratados internacionales para enviar a testigos a otro país, porque dentro de México están expuestos.
E: ¿Podría describir el caso de algún país que haya combatido efectivamente la corrupción y la forma en la que ello fue posible?
P: El ejemplo sería Uruguay, que mejoró muchísimo en los últimos 20 años. La lección es que no ocurre un cambio de la noche a la mañana, es un proceso lento y persistente. Entró un presidente que tenía la convicción de que su país tenía que mejorar, un presidente humilde que rechazaba los lujos de la Presidencia, quien empezó a modificar las leyes y a promover el Estado de Derecho para que la gente respetara la ley. Fue un parteaguas. Terminó su periodo, pero no se volvió a lo mismo, sus sucesores siguieron el rumbo y tanto el Congreso como los presidentes continuaron mejorando las instituciones.
E: Aquí [en México], en cada cambio de administración, como promesa de campaña surge el compromiso de erradicar la corrupción, ¿esto es viable?
P: Nadie, nunca, ha erradicado la corrupción, eso es una frase de campaña que jamás se va a cumplir. Lo que sí se puede lograr es cambiar el rumbo del país hacia el Estado de Derecho y la buena gobernanza, esa debe ser la meta, y establecerla de tal forma que los que siguen continúen en ese mismo camino, mejorando e implementando el Estado de Derecho, no derrumbándolo.
E: Actualmente tenemos un presidente que llegó tras un hartazgo social de la corrupción gubernamental, ¿cuáles son los pros y los contras?
P: Cambiamos el chip, reconocimos lo que los datos nos dicen, que la mayoría de los mexicanos no somos corruptos. Nos preguntamos por qué toleramos la corrupción entre los políticos. El peligro que corremos, así como ha pasado en otros países, es que entre un presidente con una campaña anticorrupción y que salga todavía más corrupto que los demás, como ha pasado en Estados Unidos, Brasil, Guatemala y varios países de Europa. Tenemos que ver que las palabras cuadren con las acciones.
E: En un país como México, ¿qué papel juegan los partidos políticos en la corrupción?
P: Son uno de los grandes problemas en la lucha contra la corrupción. No tenemos una democracia, sino una partidocracia, la gobernanza por los partidos políticos. Estos no actúan por el bien del pueblo sino por su propio bienestar, por eso suelen ser percibidos como los más corruptos.
E: ¿Qué otro obstáculo tenemos en este camino?
P: El narco. En México el crimen organizado está inmiscuido en la política y en la vida diaria y esto tiene que ver con la corrupción en ambos sentidos. Por un lado, al no cumplir el Estado con sus deberes deja desprotegido al pueblo, no hay acceso a los servicios que el pueblo se merece, lo que deja un vacío que es ocupado por el crimen organizado; cuando el crimen organizado provee estos servicios se vuelve más legítimo que el mismo gobierno. El vacío gubernamental por corrupción abre la puerta al crimen organizado y luego este termina corrompiendo todavía más a la política. A tal grado que hay cárteles que tienen más policías y servidores públicos en la nómina que sicarios. Tenemos, incluso, candidatos y políticos con vínculos fuertes con cárteles.
E: Si mencionáramos algunas imperfecciones del SNA, ¿cuáles serían, qué tendríamos que corregir de forma urgente?
P: A nivel nacional hay problemas con la ocupación de los puestos, pero a nivel estatal es donde los procesos para nombrar a los fiscales y al Comité de Participación Ciudadana se desviaron. A nivel local se habla de la captura del sistema por parte de los congresos locales y del gobernador, dependiendo del estado, que todavía hay demasiada influencia política en la selección de estas personas, y por lo tanto no son independientes. La falta de independencia es la mayor falla del sistema en este momento. Algunos estados carecen de presupuesto, de recursos y eso es también una gran limitante.