Lourdes Morales es doctora en Ciencia Política por la Universidad Sorbonne Nouvelle París 3, maestra en Comunicación Política por la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne y licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Ha sido directora de Alianza Cívica, Mexicobserva y participante en el Foro Ciudadano de Oaxaca. Actualmente dirige la Red por la Rendición de Cuentas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en donde es profesora asociada. Ha sido coordinadora de investigaciones sobre participación ciudadana, procesos electorales en regiones indígenas con enfoque de género, transparencia y rendición de cuentas.
Ethos: ¿A qué se refiere con el concepto de la corrupción como captura del Estado?
Morales: Nosotros hemos tratado de analizar el tema de la corrupción desde un enfoque de política pública para tratar de determinar cuáles son las causas que generan el problema. Sabemos que la corrupción es un fenómeno muy complejo, que tiene muchas causas, que cuando se comporta de manera sistémica, es decir, que ya es un patrón que está enraizado en el quehacer público, pues se requiere de una intervención para poder enfrentarlo de manera pertinente.
Así, cuando hablamos de la corrupción como “captura” nos referimos a cómo es que se ha generado esta corrupción sistémica y cómo se accede a los puestos en la administración pública donde, desde la época de la Colonia, ha existido un sistema de botín en el que los espacios para ejercer la función pública son vistos como oportunidades para hacer carreras personalizadas, para enriquecerse, para intervenir y desviar las funciones que deberían de tener las instituciones, para beneficiar solo a ciertos grupos.
Entonces, desde el acceso a la función pública las prioridades no siempre responden a las prioridades del país, sino a las de grupos específicos, son resultado de intereses políticos. Las decisiones en el espacio público no responden a un ejercicio de rendición de cuentas. El concepto de “captura” puede también ser visto como particularismo: se privatiza, se particulariza lo que debería ser de todos. Esto es, en gran parte, la causa del fenómeno de corrupción en el país.
E: ¿Ha habido algún avance en el combate a la corrupción en los últimos años, digamos en la transición a la democracia?
M: Sería injusto decir que no han habido avances, por supuesto que han habido, por ejemplo en el acceso a la información. Antes existía la partida secreta y todo el mundo lo aceptaba como una condición en la aprobación presupuestal, ahora los ciudadanos pueden acceder a información que antes era casi imposible conocer.
En otros ejes de la rendición de cuentas me parece que también han habido avances. En cuanto al acceso a las cuentas públicas existe en el país una Ley General de Armonización Contable, que si bien es cierto que en la última evaluación solo se ha cumplido en un 76%, según el Consejo Nacional de Armonización Contable, algunos estados sí han avanzado en reportar sus cuenta a partir de un estándar que hace más fácil la fiscalización.
También en materia de responsabilidad hay más claridad para los funcionarios sobre cuáles deben ser sus atribuciones. Por ejemplo, en lo que respecta a conflictos de interés, ya existen ciertos parámetros, lo cual quedó de manifiesto en escándalos como el de la Casa Blanca.
Existe el andamiaje normativo para una mayor coordinación entre las instituciones que velan por que haya mayor y mejor rendición de cuentas en el país. Existen órganos constitucionales autónomos, que sin duda coadyuvan o deberían coadyuvar al sistema de pesos y contrapesos. Existe una pluralidad política… ¡No podemos decir que no han habido avances! ¿Estos han sido insuficientes? Sí. ¿Estos son perfectos? No, requieren ser mejorados. Depende cómo se haga el análisis. Normativa e institucionalmente sí han habido avances, socialmente todavía no se traducen en resultados concretos en la vida cotidiana de las personas y de ahí esta sensación de que no sucede nada frente a la corrupción.
E: ¿Cómo nace la idea del Sistema Nacional Anticorrupción?
M: Fue un proceso originado tanto por la realidad social como por la combinación de actores sociales y políticos que estaban participando en la esfera pública en ese momento. La idea es muy sencilla, fue una propuesta que hizo el presidente Enrique Peña Nieto una vez que fue declarado ganador de la elección de 2012: dijo que crearía un órgano para combatir la corrupción. En ese momento la propuesta que llegó al Senado fue la de crear una Agencia Anticorrupción en donde la Secretaría de la Función Pública tenía un papel incierto, ya había habido algunos intentos por desaparecer a esta institución y se pensaba que una alternativa era convertirla en una gran agencia anticorrupción, un modelo que se conoce como de concentración, en donde una gran instancia se encargaría de la profesionalización, de acompañar la fiscalización, de hacer investigaciones, de todo lo que se refiera a control interno, pero también de investigar las faltas administrativas graves y de sancionar. Inclusive existía la propuesta de que una parte de lo penal pasara por esta agencia y se dedicara a combatir la corrupción.
Hubo una primera reacción a esta propuesta, varios dijimos que –en un país como México donde se tendía a la centralización y donde es fácil capturar políticamente– era un error sojuzgar a la institución por medio del Ejecutivo con base en intereses políticos, pues el combate a la corrupción se iba a convertir en una herramienta muy poderosa para castigar a los enemigos políticos y no realmente a los responsables.
En ese sentido, se dijo que era importante considerar que la corrupción no era una cuestión de individuos buenos e individuos malos o una cuestión de convencer a los malos de que se conviertan en buenos, sino que este fenómeno solía presentarse a través de redes complejas capaces de reconfigurarse y, por lo tanto, requería una intervención más profunda.
Adicionalmente se dijo que era importante involucrar a la sociedad civil en el combate a la corrupción, organizada y no organizada, ya que los incentivos para denunciar la corrupción en México no estaban alineados. Así fue como se discutió cómo hacer este sistema que no tiene mayor complejidad, pues las instituciones ya existían.
E: ¿Cuáles deberían ser las prioridades de la Secretaría de la Función Pública?
M: De entrada la profesionalización y el servicio civil de carrera. Mientras se siga viendo a la administración pública como un lugar para colocar amigos, un lugar para tener fieles a una ideología política, un lugar para tener una chamba, pues va a ser muy difícil que los funcionarios generen este orgullo de pertenencia y empiecen a dar resultados donde la prioridad sean los ciudadanos y no el jefe o el compadre o a quien le debes la chamba.
Otra cuestión muy importante es la coordinación con otras instancias; el combate a la corrupción no puede depender solo del Ejecutivo, es tan complejo que tiene que involucrar a los otros poderes públicos. Pensar que solo la Función Pública con la UIF [Unidad de Inteligencia Financiera, de Hacienda] van a terminar con el problema me parece inadecuado.
E: ¿De qué manera puede participar la sociedad civil en el combate a la corrupción?
M: Te cito un ejemplo: acabo de estar hace poco en Chihuahua en donde hay una organización que se dedica a capacitar a grupos de estudiantes para que le den seguimiento a la obra pública. Hacen solicitudes de información para acercarse a las obras y ver si cumplen o no con lo que ellos dicen que deben de cumplir. Es una forma de las miles que hay.
Hay otras, como Regidor 19, que hace monitoreo de las reuniones de cabildeo para ver si asisten los que deberían de asistir y si cumplen con lo que ellos mismos prometen. Creo que la mejor forma de involucrarse no es pensar solo en instancias burocratizadas, sino a través del acceso a información de calidad.
Lo segundo también tiene que ver con la forma de organizarse. Uno puede participar en una organización de la sociedad civil, en una universidad, en un comité vecinal, pero muchas veces no se generan estrategias colectivas, las cuales siempre tienen más capacidad de incidir que una estrategia individual.
También se participa al tener interlocución con instancias y políticos clave que permitan avanzar en una agenda. Y creo que lo más importante es no dejar de indignarse y no dejar de sorprenderse ante ciertos abusos y mentalidades que no son normales. Ver niños asesinados, ver violencia cotidiana, tener nueve mujeres asesinadas todos los días no es normal. Una cosa es que estemos abrumados y otra cosa es que nos hagamos inmunes. Creo que el día en que la ciudadanía deje de reaccionar, va a peligrar todavía más la agenda por una democratización en serio.