Gustavo de Hoyos estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California y en Administración de Empresas en Cetys-Universidad; obtuvo una maestría en Derecho Corporativo e Internacional en esta última. Es director general del despacho De Hoyos y Avilés y tiene participación en otras empresas de ramos como proveeduría industrial, comercialización de activos financieros, infraestructura urbana y servicios de hospitalidad. Fue integrante de Consejos de Administración de Infonavit, Bancomext, Conacyt, Conalep e Infonacot. Entre 2016 y 2020 fue Presidente Nacional de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), actualmente es presidente de “Alternativas por México”.
Ethos: ¿Cuál es el obstáculo más grande que enfrenta México en materia de corrupción actualmente?
Hoyos: La falta de acción de las autoridades para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que es el instrumento idóneo para erradicar o al menos atenuar en el largo plazo el fenómeno de la corrupción.
E: ¿Qué le hace falta al SNA?
H: Le hace falta que los funcionarios públicos del gobierno federal participen de manera regular y no estén marginados de la operación del comité. Hace falta también que se haga una revisión profunda de los comités locales para ver cuáles quedaron con tareas pendientes en su integración o en la homologación de las leyes de los ámbitos estatales.
E: ¿Deberían ampliarse las facultades del Comité de Participación Ciudadana del SNA?
H: Sí, definitivamente sí. Me parece que tendría que evolucionar paulatinamente para que las recomendaciones que emita, para que los acuerdos que resulten del comité, paulatinamente tengan mayor capacidad vinculatoria, porque de otra manera el avance va a ser mucho más lento.
E: ¿Cómo piensa que el sector empresarial podría colaborar con la lucha anticorrupción en México?
H: En adoptar en cada empresa códigos de conducta y políticas de vinculación con funcionarios públicos que impidan cualquier conducta que pueda producir una falta de integridad, estableciendo mecanismos formales para que ese código de integridad exista en toda su cadena de valor, en toda la cadena de suministros, desde los proveedores hasta los clientes, y también generando una mayor cultura de la legalidad en todas las áreas de la empresa.
E: ¿A qué tipos de corrupción se enfrenta un empresario en México?
H: A todos los tipos, porque una empresa está sujeta a una interacción continua con autoridades de los tres órdenes de gobierno y la corrupción que existe en cualquiera de esos órdenes tiene como objetivo a muchas de las empresas, sin importar su tamaño, pero de manera muy especial a las micro y las pequeñas empresas.
E: ¿Cómo afecta la corrupción a la inversión privada?
H: Es un inhibidor de la inversión, en muchas ocasiones es la causante de que se retrasen proyectos, en otras es un detonador para que se cancelen de manera definitiva.
E: ¿Cuáles deberían ser las prioridades en la lucha contra la corrupción en México?
H: Primero tendría que erradicarse la impunidad de los casos que ya son evidentes en materia de corrupción, se requiere ejemplaridad y que en los tres órdenes de gobierno, aquellos casos que están documentados y que por alguna razón no han sido investigados tengan un castigo ejemplar; para mí el punto de partida es erradicar la impunidad, esto podría ser la plataforma para que haya menos incentivos para las conductas corruptas hacia adelante. Tienen que disminuirse los espacios de discrecionalidad en la actuación de muchos funcionarios, ya sea en el otorgamiento de una licencia, un permiso, ahí hay espacio para que se detone la corrupción.
E: ¿Qué piensa del panorama actual con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la lucha anticorrupción?
H: Pienso que no está cumpliendo con las expectativas, hay ya casos evidentes de corrupción en los más altos niveles del gobierno federal, señalo evidentemente el caso del director de la CFE y parecería que no se están tomando medidas ejemplares para honrar la oferta política fundamental del presidente de combatir la corrupción. Está bien voltear hacia atrás, pero lo que no debería permitirse es que ningún funcionario del actual gobierno pudiera seguir luciendo si hay evidencia suficiente de que fue partícipe de hechos de corrupción.
E: ¿Ve algún cambio entre un régimen y otro?
H: Yo sí confío en la honorabilidad, en la integridad personal del presidente y creo que a él no le mueve un deseo de enriquecimiento; estoy convencido de que es una prioridad para él en lo personal; sin embargo, pienso que el esfuerzo institucional no está siendo congruente con ese propósito.
E: La Coparmex ha sido muy crítica con la política del SAT para combatir a las factureras, ¿cuál debería ser la ruta correcta para combatir este fenómeno?
H: Nosotros apoyamos las disposiciones del SAT que tienen como propósito identificar y sancionar a las empresas que expiden de manera sistemática facturas apócrifas, no hay ninguna duda de que estamos en contra de ello, siempre estaremos del lado de la autoridad para combatirlas; lo que hemos señalado es que no se debe confundir a estas organizaciones criminales con contribuyentes que son cumplidos, que son honorables y que de manera accidental, debido a la complejidad de la operación empresarial, pudieran de manera involuntaria o accidental adquirir bienes y servicios amparados en este tipo de facturas. Nos parece que son dos hechos muy distintos y que deben tener tratamiento diferente. En el caso de las empresas factureras, desde luego que tiene que aplicarse todo el peso de la ley, tiene que haber disposiciones oficiales para procurar que sean erradicadas. En el caso de las empresas que de manera accidental han adquirido alguna factura o varias facturas por motivo de su operación, lo que nos parece es que no debería de criminalizarse.
E: ¿Cómo se permitió crecer tanto a estas empresas?
H: El gobierno fue y ha sido muy omiso. De hecho, aunque no hay una estimación oficial, algunos análisis demuestran que una parte sustancial de las facturas apócrifas se han entregado a lo largo de los últimos años al propio gobierno como comprobantes de operaciones con el gobierno, de obra pública, bienes y servicios. Dicho de otra manera, el gobierno o los gobiernos son los que menos estaban cuidando que no hubiera ese tipo de facturas y entonces se volvió bastante frecuente que las compras de gobierno tuvieran como contraparte estas facturas apócrifas. Así es que, aunque es un problema de toda la sociedad, el gobierno tiene un papel muy relevante en la erradicación de esta práctica.