Denise Dresser es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y doctora en Ciencia Política en la Universidad de Princeton. En 2015 fue condecorada con la Legión de Honor por el gobierno de Francia, en reconocimiento a su labor en favor de los derechos humanos y la democracia. Columnista de la revista Proceso y editorialista del periódico Reforma. Es autora de los libros El país de uno: reflexiones para entender y cambiar a México (Aguilar, 2011) y Manifiesto mexicano: cómo perdimos el rumbo y cómo recuperarlo (Aguilar, 2018). Actualmente es profesora de ciencia política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Ethos: ¿Cuáles son las condiciones mínimas que debe tener un país para combatir eficientemente la corrupción?
Dresser: Instituciones fuertes que logren cumplir las leyes, normativas y regulaciones que combatan la impunidad, que es lo que está realmente detrás del incremento de la corrupción. La corrupción no es un fenómeno exclusivamente mexicano, pero la impunidad sí. Un país con 98 por ciento de impunidad se traduce en un país que no previene ni combate la corrupción y ésta se enquista gobierno tras gobierno y no parará hasta que fortalezcamos a las instituciones existentes. Ha hecho falta voluntad política porque, en realidad, la corrupción ocurre porque hay impunidad. En México, la justicia está a la venta.
E: ¿Cuál es el principal reto que tiene México en su combate a la corrupción?
D: Construir lo que nunca hemos tenido: Estado de Derecho. Es apostarle a la remodelación institucional y no a un partido o un movimiento por más incorruptibles que nos digan que son. El gran problema de México ha sido la apuesta al caudillo, al mesianismo, a la figura presidencial, al presidente imperial, en lugar de la apuesta a instituciones fundamentales para la democracia. Todo queda en manos de lo que se le ocurre a un presidente y las instrucciones que da. Ese es un viejo problema que venimos arrastrando, por eso México tiene un Estado de Derecho precario, intermitente o, de plano, inexistente.
E: La Casa Blanca, Odebrecht, todos los casos expuestos por la prensa mexicana en los que se aborda la corrupción dentro del sistema, ¿de qué son síntoma?
D: Del uso faccioso de las instituciones de impartición de justicia. En la medida en la cual las instituciones se partidizan y se politizan, solo persiguen y castigan la corrupción de manera discrecional y de manera selectiva, así no se puede atacar de raíz. El combate a la corrupción se vuelve un instrumento de control político, de ataque a los enemigos políticos, en vez de crear una institucionalidad que la prevenga y que la sancione.
E: ¿Cuáles son las principales fallas del Sistema Nacional Anticorrupción?
D: Es un elefante blanco que está ahí, pero el gobierno no quiere montarse sobre él. Tenemos que ser consistentemente demócratas y consistentemente exigentes y comprender que el combate a la corrupción no transita solo por el voluntarismo de una sola persona, sino por todo un andamiaje institucional: cambiar las instituciones lleva también a un cambio en la cultura.
E: ¿Qué áreas del sistema de combate a la corrupción se han dejado a un lado y habría que fortalecer?
D: La Fiscalía General de la República carece de autonomía, que era la demanda principal de la sociedad civil. Segundo, el Poder Judicial está repleto de corrupción y nepotismo; teóricamente se quiere limpiar, pero resulta alarmante que más bien parece que se le quiere controlar y no dotarlo de las herramientas para que sea un verdadero contrapeso. Tercero, el tránsito a los juicios orales ha sido muy largo y ha sido saboteado políticamente en numerosos estados, además de tener un serio problema presupuestal.
Los otros pendientes son los procuradores de justicia, subyugados políticamente, y los policías mal pagados. Nadie quiere tocar el tema de la policía porque requiere un esfuerzo institucional, de profesionalización y, posiblemente, de una regulación a nivel nacional. Si no atendemos esto, vamos a seguir cargando con altísimos niveles de impunidad y corrupción a pequeña escala.
E: Dicen que si no quieres que algo funcione, no le des presupuesto. ¿Son suficientes las designaciones presupuestales para el combate a la corrupción?
D: El presupuesto es un mapa de ruta de las prioridades de un gobierno y usualmente vemos que hay una intención deliberada de darle mucho más presupuesto a las instituciones que tienen que ver con programas sociales, como una forma de combatir la criminalidad, en contraste con el recorte muy significativo al Poder Judicial. Hay una visión de abordar la justicia desde una perspectiva punitiva, se han aumentado las penas para ciertos delitos, pero no se apuesta por la prevención.
E: En México, ¿ha sido fundamental el papel de la sociedad civil en el combate a la corrupción?
D: Los buenos gobiernos se construyen a base de buenos ciudadanos y solo los inconformes, los exigentes, los que señalan, lo son. Hubo un punto de quiebre en cuanto a la tolerancia social a la corrupción, y quizás uno de los detonantes fue la Casa Blanca, porque fue un caso evidente, obvio, manoseado y mal encarado por la Secretaría de la Función Pública. Luego vino la explosión de la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los gobernadores como los Duarte. El desvío de fondos públicos de manera discrecional vía el Ramo 23. Odebrecht. La Estafa Maestra. Los Panama Papers. Eso llevó a un impulso desde abajo. No vimos una respuesta gubernamental. Vimos un enojo que llevó a esa iniciativa ciudadana que impulsó la Ley 3de3 y que eventualmente desembocó en el Sistema Nacional Anticorrupción, y luego vimos a un candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, montarse sobre el tema de la corrupción y convertirlo en uno de los ejes de su campaña. Él cosechó la indignación ciudadana y prometió que el combate a la corrupción sería uno de los temas vertebrales de su gobierno. Pero él no le apuesta a la remodelación institucional, vamos francamente en retroceso o por lo menos se están encendiendo focos rojos.
E: ¿Hacia dónde tiene que virar la sociedad civil en un contexto como el que vive México actualmente?
D: Yo jamás pensé vivir en un país en el que el término sociedad civil fuera un término cuestionable, cuestionado desde el poder. Jamás pensé escuchar a un presidente denostar a la sociedad civil, llamarla conservadora y asumir que es el enemigo a combatir. Esto ha llevado a un debilitamiento en términos de la participación, la exigencia y un esfuerzo de descrédito de parte del poder a quienes históricamente han señalado los mismos problemas de falta de rendición de cuentas y transparencia, causas que se vienen peleando desde hace más de 20 años.
La recomendación es no bajar la guardia, no dejarse intimidar y seguir unidos. Hay que recordar cuáles son las causas históricas que motivaron la participación: creación de autonomías, rendición de cuentas, federalismo, desmilitarización, transparencia, contrapesos. Las palabras con las que el ahora presidente no quiere asociarse son balas, son el lenguaje de la democracia y son el lenguaje que la sociedad civil debe seguir utilizando e impulsando.