Issa Luna Pla es doctora en Derecho de la Información por la Universidad de Occidente, Sinaloa, y maestra en Derechos Humanos por la London School of Economics and Political Sciences de Reino Unido. Es autora de los libros Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto (2018, IIJ-UNAM) y Transparencia, acceso a la información tributaria y el secreto fiscal. Desafíos en México (2010, IFAI-UNAM). Es responsable del Observatorio de la Corrupción e Impunidad, un grupo de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México que estudia el comportamiento de la corrupción, sus patrones y sus impactos.
Ethos: En la lucha contra la corrupción, ¿cuál es el muro contra el que se topa México?
Luna: La corrupción tiene sus causas en la falta de la buena cultura administrativa, en la no profesionalización de los servidores públicos, en el crimen organizado y la inseguridad desbordada que tiene el país. Tiene causas culturales: conductas admitidas o asumidas que la población tiene por los abusos de poder de gobiernos que ha vivido sistemáticamente.
Sin embargo, la principal causa es la impunidad. En todos los estudios empíricos que se han hecho en México, es visible que al no existir una forma de combatirla punitivamente, todas las conductas relativas a la corrupción siguen siendo permitidas; el riesgo que corre alguien por cometer algún acto de corrupción es mínimo.
E: ¿Cuál es el principal desafío?
L: Generar un plan de política criminal general que pueda funcionar efectivamente a lo largo del país. Después, fortalecer a las instituciones judiciales y de investigación en materia administrativa y penal que tienen que perseguir los delitos de corrupción.
E: Si hiciéramos una analogía y comparáramos a la corrupción con una enfermedad, ¿cómo tendríamos que tratarla?
L: En el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM estudiamos el fenómeno de la corrupción en grandes magnitudes, por medio de una metodología científica, el análisis de redes. Analizamos la corrupción hacia atrás, ahondamos en el origen, al igual que ocurre cuando se analiza una enfermedad como el cáncer.
Hay que entender qué confluyó para la creación de una red de corrupción, cuál es la funcionalidad de cada uno de los nodos que la conforman, cuál es su estructura, qué la mantiene viva y económicamente activa. Sólo entendiendo esto podemos desactivarla, que no eliminarla, porque no podemos meter a la cárcel a miles de personas que participan en una gran estafa, pero sí podemos pensar en cómo encapsular las acciones que se ejecutan dentro de la red.
E: ¿Qué puntos en común pueden tener entre sí las redes de corrupción a gran escala, pese a que pertenecen a diferentes actores?
L: Lo que hemos encontrado es que no son redes aleatorias, se trata de redes bien organizadas que tienen una intencionalidad: cada actor tiene un propósito y, aunque lo desconozcan, juegan un papel dentro de un objetivo común. El segundo punto es que generalmente los socios de las empresas que contribuyen a los desvíos de recursos –en algunos casos empresas fantasma, en otros empresas legales– actúan en conjunción y de manera combinada: es una élite de empresarios la que genera este tipo de grupos de empresas que están destinadas a un beneficio específico.
Esa cohesión nos hace pensar que, nuevamente, esto no es aleatorio, sino algo orquestado. Otro hallazgo importante es que las estructuras de las redes están altamente cohesionadas, hablan entre sí y responden a un solo fin que –se ha documentado– puede estar relacionado con las campañas políticas, pero también con el crimen organizado.
E: ¿Qué relación tienen estas redes empresariales con el sector público?
L: En todos los casos analizados, hay una intervención del gobierno, que detecta los recursos y a todo un grupo de personas –funcionarios o no funcionarios– que tienen la intención de extraer recursos públicos. Con esa premisa básica, estas redes hacen uso de cualquier tipo de personas, incluyendo funcionarios de distintas ramas de gobierno, no solamente del Ejecutivo, sino también, y sobre todo, del Judicial.
E: Dado el contexto actual, ¿cuáles consideras que son las prioridades en el combate a la corrupción?
L: El combate a la corrupción no es posible sin un combate a la impunidad. Hay que hacer investigaciones más sofisticadas, que abarquen a un mayor número de personas que integran una red de corrupción, no solamente a una o dos que pueden estar vinculadas. Esto se debe de pensar desde el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
E: Si habláramos de vacíos legales, ¿cuáles nos podrías mencionar?
L: No tenemos necesidad de seguir modificando la ley, la urgencia es que se aplique. Apenas en el 2016 se reformaron todas las legislaciones y en 2019 se nombró al Fiscal Anticorrupción. Lo que sí necesitamos es que la coordinación interinstitucional sea una realidad, las instituciones tienen que estar intercambiando información y revisando todas las fases de los procesos de investigación.
E: ¿Qué le falta al SNA?
L: Un plan de trabajo. El Sistema no puede trabajar si no tiene una agenda definida con prioridades. Lo que establece la ley es la creación de una política nacional y sin ella, las instituciones que conforman el Sistema no tienen prioridades conjuntas, sino que cada una trabaja temas aleatorios, definidos por sus propios intereses institucionales, pero que no conviven dentro de una estrategia nacional en materia de anticorrupción. Desafortunadamente, lo que hemos visto hasta ahora es descoordinación.
E: La ciudadanía no confía en las instituciones, sin embargo, es clave para el combate, ¿cómo trabajar de la mano de los ciudadanos?
L: Hay que impulsar una cultura ciudadana de participación contra la corrupción y de castigo moral hacia quienes ejercen este tipo de acciones. La cultura de la denuncia sí permite tener una acción mucho más participativa de los ciudadanos y de los funcionarios públicos que están interesados. Culturalmente, necesitamos hacer muchas otras cosas, pero en la práctica está comprobado que lo que sí funciona es que los castigos se ejerzan. La corrupción no es cultural, es simplemente que no conlleva ningún riesgo cometer ese tipo de actos.
E: ¿La parte presupuestal es indispensable para esta tarea?
L: En realidad, los incentivos de justicia y la forma en la cual se procede en los casos de investigación sobre corrupción son el principal problema. Los obstáculos están en la voluntad política de los actores desde arriba de la pirámide.
E: Sobre rendición de cuentas y transparencia, ¿qué tan fundamentales son estos dos temas en el combate a la corrupción en un país como México?
L: Un gobierno en el que se empiezan a legitimar los actos de corrupción, ocultándolos, provoca un retroceso. Estamos observándolo en México en la poca apertura de información. El número de solicitudes respondidas como “inexistentes” a nivel federal ha crecido de manera exponencial y esto nos habla de que el gobierno actual no tiene plenamente el interés de transparentar la información.
Lo anterior se traduce en una documentación débil de las acciones y decisiones que se están tomando. La transparencia y el acceso a la información es un derecho que surgió como mecanismo de empoderamiento ciudadano, que permite a la sociedad ejercer un control hacia las autoridades, y cuando estos mecanismos dejan de funcionar por diferentes razones, entonces podemos hablar de que existe también una imposibilidad de un control de rendición de cuentas social. Al no tener acceso a la información y transparencia, la sociedad no puede exigir y hacer el ejercicio de rendición de cuentas.