Roberto Simon es director de política y líder del grupo de trabajo anticorrupción de Americas Society/Council of the Americas, y encabeza los esfuerzos para medir la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar e impedir estas prácticas ilegales a través del Índice de Capacidad de Combate a la Corrupción. Ha estudiado las dinámicas de la corrupción en los gobiernos como becario de políticas públicas en el Wilson Center, además de cursar la maestría en Políticas Públicas de la Harvard Kennedy School of Government. Durante casi una década, Simon trabajó como periodista en el diario Estadão de São Paulo, cubriendo crisis políticas, elecciones y conflictos en toda América Latina y el Medio Oriente.
Ethos: ¿Cuáles son las condiciones mínimas que un gobierno debe tener para combatir efectivamente la corrupción?
Simon: Hoy en día es muy claro que no hay uno o dos factores más importantes en la lucha contra la corrupción. Se puede pensar como en un jardín, donde operan varios factores como plantar la semilla, poner el agua, cultivar con mucho cuidado, pero también hay factores externos como si hay o no hay sol.
En la cuestión de la corrupción, creo que hay tres áreas fundamentales: primera, un Estado de Derecho, desde la eficiencia del Poder Judicial hasta los recursos disponibles para las autoridades, ya sean la policía y los fiscales para detectar los hechos de corrupción. Segunda, el espacio de la democracia, que tiene que ver con la legitimidad de los representantes, pero también las relaciones entre dinero y política, y la calidad de la democracia como un sistema político con legitimidad para la mayoría de la población. Tercera, la participación de la sociedad civil, del sector privado, la prensa, la academia. No solo para la reflexión y las nuevas ideas para combatir la corrupción, sino para atacarla directamente.
En México hay varios ejemplos de la importancia del periodismo de investigación, de ONG y medios sociales que pueden organizar a la ciudadanía en torno a puntos esenciales de la lucha contra la corrupción.
En resumen, no hay un solo factor como tener a un fiscal independiente ni un diario que realmente pueda investigar a un político, sino cultivar ese ambiente muy complejo y multifactorial.
E: Americas Society/Council of the Americas ha desarrollado el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, ¿qué objetivo persigue esta herramienta analítica?
S: Intentamos medir la capacidad de los países para detectar y prevenir la corrupción. Para hacer eso analizamos 14 variables, que van desde la eficiencia y autonomía de los tribunales hasta la independencia de los fiscales; la calidad del periodismo de investigación y el número de organizaciones no gubernamentales serias trabajando en asuntos que tienen una relación con la transparencia, la corrupción, etcétera.
Una vez que analizamos esa información, que incluye datos duros del Banco Mundial y varias universidades importantes, la combinamos con una encuesta que aplicamos a expertos en corrupción de esos países, agregamos los datos y creamos un ranking. La primera edición son las sedes económicas más grandes en la región y Guatemala, la principal economía de América Central, para dar un listado de cada país con una calificación del 0 al 10.
La idea no es denunciar a un país con una calificación baja ni protestar contra nadie, de lo que se trata es de estimular una discusión que tenga por base políticas que puedan ser implementadas para ayudar a los países a desarrollar instrumentos más poderosos para luchar contra la corrupción.
E: ¿Cuáles son estos instrumentos?
S: Cuando miramos a Brasil, por ejemplo, vemos que tiene una legislación sofisticada de delación premiada. Cuando miramos a México, no sólo la legislación, sino el uso de ella es mucho menos desarrollado. Esa es un área clara en la cual este país puede hacer más, hablamos de independencia y recursos disponibles para el Fiscal General si lo comparamos con lo que pasa en Chile o el mismo Brasil. Lo que intentamos hacer es mirar puntos muy específicos e identificar áreas en las que los países pueden progresar, es decir, mirar sus desafíos.
Hicimos una edición del Index y estamos preparando la segunda. El análisis comparativo entre los países se podrá hacer entre años, por ejemplo, se puede comparar a Brasil en el año 2020 frente al 2019, o a México después de la elección de Andrés Manuel López Obrador, con el México del fin del gobierno del PRI. Mirar específicamente las decisiones que fueron tomadas por presidentes, fiscales o jueces, comprender el impacto real de sus decisiones y la capacidad de un país de luchar contra la corrupción.
Un ejemplo claro es que ahora en Brasil hay una discusión muy grande sobre la persona que fue postulada para ser el nuevo titular de la Fiscalía federal. Por primera vez [el presidente Jair] Bolsonaro ignoró el método tradicional para asegurar que el nuevo fiscal sea una persona independiente, y nombró a alguien que tiene una afinidad política con el gobierno. Cuando hagamos el índice de 2020 habrá una categoría que es la independencia de la Fiscalía General, y una de las preguntas que tenemos en nuestro cuestionario para los expertos es si hay fragilidad de los mecanismos para nombrar al fiscal, si se le garantiza independencia, autonomía real, si tiene un vínculo directo con el Presidente o no. Dependiendo del resultado, si hay fragilidad de los mecanismos para garantizar la independencia del Fiscal General, la calificación de Brasil inevitablemente bajará.
Cuando uno tiene números, es más fácil dirigir para los puntos que son muy específicos, la discusión en la prensa, en la academia, en las interacciones con el sector privado y con el gobierno.