Lisa Sánchez
A la microcorrupción ciudadana se suman la corrupción política y las redes de macrocriminalidad

Lisa Sánchez es maestra en Gestión Pública y Gobernanza por la London School of Economics, maestra en Ciencia Política por La Sorbona de París y licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Es directora general de México Unido Contra la Delincuencia, A.C., y experta asociada para América Latina del Proyecto Internacional de Política de Drogas del centro de pensamiento inglés LSE Ideas. Fundó el programa de Política de Drogas y Reducción de Daños de Espolea y en 2012 ganó el Premio Lazo Rojo de Naciones Unidas por su trabajo en prevención del VIH para usuarios de drogas. Es articulista y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi.


Ethos: ¿Cuál es el principal reto que tiene México en materia de combate a la corrupción?

Sánchez: Primero, la falta de cultura de la legalidad de la ciudadanía, que de alguna manera autoriza y acepta prácticas ilegales o de abierta corrupción; no se sanciona culturalmente a quien comete este tipo de actividades, al contrario, la ciudadanía termina por violar la ley o no respetar el Estado de derecho, participando así en prácticas corruptas. La segunda tiene que ver con la presencia de economías ilícitas con alta demanda que mueven muchísimo dinero y que, a través de la ilegalidad, tienen la capacidad de generar recursos suficientes para corromper autoridades, como ocurre con el tráfico ilícito de drogas que a nivel mundial mueve 320,000 millones de dólares y que en el caso de México generan redes de macrocriminalidad que se une a la corrupción política. 

E: ¿Cómo interviene la parte lucrativa del mercado ilegal de drogas en obstaculizar el combate a la corruipción?

S: Las autoridades que tendrían que estar trabajando en contra de este mercado ilegal terminan sobornadas y esto, a la vez, repercute en la falta de voluntad política para hacer funcionar la institucionalidad que se ha impulsado durante los últimos 15 años desde la sociedad civil y que abrió campo primero al acceso a la información, después a la transparencia, luego a la rendición de cuentas y hoy en día, al Sistema Nacional Anticorrupción con sus sistemas estatales.

E: Usualmente la corrupción se asocia al actuar gubernamental, ¿qué pieza nos falta en esa ecuación?

S: Entender la corrupción como un fenómeno que únicamente ocurre en el gobierno, en el sector público, es una de las limitantes en el combate, porque no ponemos tanto los ojos en el sector privado ni en esa corrupción a nivel micro, de calle, en donde la ciudadanía termina violando la ley.

E: ¿Cómo combatir la corrupción a partir de la regulación de los mercados actualmente ilegales, específicamente en el tema de las drogas?

S: A partir de que inauguramos un sistema internacional de control que prohibió una variedad de sustancias en 1961, se creó un mercado negro manipulado enteramente por organizaciones criminales que se fueron profesionalizando y terminaron siendo de carácter transnacional. Para poder eliminar o achicar el poderío de estas organizaciones criminales, sostenemos que es necesario legalizar otra vez esos mercados, pero regularlos a través del establecimiento de controles muy claros y diferenciados por sustancia, para así reducir el poder económico y de fuego de esas organizaciones criminales que hoy en día están corrompiendo también a las autoridades.

E: ¿Cómo la legalización de la marihuana puede cambiar el tema de la corrupción?

S: La regulación de la marihuana es una cosa compleja, porque tendrá que incluir dentro de todos sus mecanismos el privilegiar objetivos de política pública: salud de la población, al prevenir el consumo abusivo; prioridad recaudatoria, al buscar ingresos para el Estado, y reducción del mercado ilícito. No cualquier regulación puede cumplir con esos objetivos de manera cabal. Si nosotros tenemos una regulación restrictiva que lo único que termina diciendo es que las personas podrán cultivar sus plantas en sus casas, estamos abdicando de la oportunidad de regular desde la siembra, la cosecha, la distribución, el comercio, que es una cadena que genera valor y que hoy en día está controlada por grupos criminales. Veo posibilidades, pero nos preocupa que la regulación sea accesible; si no podemos generar el abastecimiento seguro para las personas que hoy recurren al mercado negro, no lo vamos a reducir y, por lo tanto, no disminuimos las oportunidades hacia la corrupción. 

E: ¿Por qué una autoridad cedería ante un acto de corrupción orillado en este contexto del mercado ilícito?

S: En países en donde sus mercados ilícitos son desordenados y donde la institucionalidad gubernamental es débil, la autoridad tiene poca credibilidad, poco respeto y poca capacidad de hacer valer la ley. Lo que sucede es que se impone la ley de plata o plomo, hay procesos de intimidación activos, hay mecanismos de violencia a los que recurren estas organizaciones criminales para hacer que la autoridad modifique su comportamiento siendo negligente, digamos dejarlos pasar sin ver o incluyéndola de manera activa en la economía ilícita a través de sobornos y procesos de extorsión. Esto les inflige un daño reputacional lo suficientemente significativo como para que estas personas después ya no puedan salir de esas dinámicas y se mantengan dentro, incluso adquiriendo otro tipo de roles.

E: En este sentido, ¿cuáles deben ser nuestras prioridades?

S: Fortalecimiento institucional y formación de ciudadanía, sobre todo empoderamiento comunitario para poder vincular efectivamente la institucionalidad que hoy existe para combatir la corrupción con una demanda sostenida, permanente y clara de la ciudadanía.

E: ¿Qué huecos nos quedan en materia legislativa?

S: La ausencia de regímenes de responsabilidad y sanción para servidores públicos en todos los sectores. Un ejemplo: la Guardia Nacional. Cuando la creamos, identificamos que en su legislación secundaria del uso de la fuerza y de registro de detenciones, no tenía obligaciones claras de un régimen de responsabilidad ni de sanciones, esto se traduce en lagunas legales e institucionales que, de cubrirse, pueden modificar una cultura organizacional dentro de una corporación compuesta por militares.