Susan Rose-Ackerman es catedrática e investigadora en materia de Corrupción Política y Derecho Administrativo. Es profesora emérita del Centro de Derecho, Economía y Políticas Públicas en la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale. Tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Yale y dos doctorados honoris causa, uno por la Universidad de Maastricht y otro por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Susan es un referente en el estudio de la corrupción, con 15 libros publicados en los que analiza, desde una óptica económica, el efecto de la competencia o la concentración de poder en la burocracia y las relaciones entre legisladores, grupos de interés y votantes. A finales de 2019 impartió en México la conferencia magistral “Combate a la corrupción desde el Derecho Administrativo”.
Ethos: Hace poco impartió una conferencia aquí en la Ciudad de México, ¿nos podría platicar un poco sobre esa experiencia, sobre los temas principales que se abordaron?
Rose-Ackerman: Básicamente di un reporte sobre las distintas maneras en cómo lidiar con la corrupción, con relación a las ciencias sociales. Dije que necesitamos la aplicación de la justicia como una pieza importante de esta historia. Hablé sobre cómo las estructuras institucionales producen incentivos para la corrupción, y cómo se pueden rediseñar los programas públicos para que haya menos corrupción, tanto en su estructura misma, como en los temas de transparencia y rendición de cuentas del sistema.
E: Esa rendición de cuentas que menciona no llega sola, requiere incentivos ¿cuáles serían dos o tres incentivos que requiere un país o un gobierno para avanzar hacia una mayor rendición de cuentas?
R-A: Yo creo que existen distintos aspectos que considerar. Una parte de lo que hace que sea posible es que las personas preocupadas por los niveles de corrupción puedan denunciar de una manera segura, porque puede ser peligroso denunciar en algunos países. Entonces es importante encontrar la manera en cómo interponer denuncias, a través de un sistema que no sea susceptible a personas que simplemente quieren vengarse de alguien que no les cae bien, que tenga ciertas medidas de control. El problema con la corrupción es que a ambas partes les conviene, o puede que no les convenga, pero no encuentran una salida. Otra cosa que me imagino es que los mismos servidores públicos pueden estar insatisfechos con los niveles de corrupción, y pueden tener algunas ideas sobre cómo pueden mejorar la situación. Entonces se debe encontrar la manera en que puedan aportar sus opiniones sobre qué puede hacerse.
E: ¿Cuáles son las condiciones mínimas que debe cumplir un gobierno para combatir la corrupción de manera efectiva?
R-A: Obviamente tiene que haber una parte poderosa del Estado que quiera cambiar. Esa es una clave, tiene que haber voluntad en las altas esferas del gobierno que estén interesadas en hacer un cambio. Ese sería un primer paso, que quieran hacerlo. Luego tienes un tipo de análisis de los lugares en donde puedes tener algunas victorias en las primeras etapas, y luego cuáles son las cosas que necesitan cambios más sistemáticos. Tal vez se necesitan algunos enjuiciamientos de alto perfil, pero si te quedas ahí no vas a lograr cambios institucionales de largo plazo, solamente desplazamientos. Por eso se requiere pensar en cómo se organiza la relación entre el Estado y los ciudadanos, o entre el Estado y las empresas, que generan estos incentivos para cometer sobornos.
E: ¿Cómo desarticular los incentivos de la corrupción?
R-A: Bueno, yo creo que es un poco obvio que la gente común, los ciudadanos deben preocuparse por esto. Con frecuencia hay gente ordinaria atrapada en una red de sobornos, por lo que no sería una buena estrategia simplemente ir tras de ellos, porque realmente están atrapados en esta red de sobornos, y necesitamos entender cómo cambiar las estructuras institucionales para que puedan ser honestos y, aun así, lograr hacer lo que requieren. Tienes que tener capacidad de recopilar información sobre contratos o sobre el comportamiento de servidores públicos. Pero, por supuesto existe el riesgo de acusaciones falsas, entonces tienes que tener algún tipo de capacidad para diferenciarlas de las denuncias legítimas.
E: ¿Cuál ha sido la experiencia en otros países para que los denunciantes puedan aportar información, gozando de cierta protección, al mismo tiempo que sea posible verificar sus acusaciones?
R-A: Creo que vale la pena analizar el caso de Estados Unidos, porque existen programas muy buenos para proteger a los denunciantes anónimos [whistleblowers], sobre todo a servidores públicos que denuncian. Se les protege laboralmente, no pueden ser despedidos. No pueden obtener dinero, porque son servidores públicos. Los que sí pueden obtener un beneficio financiero por sus denuncias son los que provienen de la iniciativa privada, aquellos que han observado cómo ocurre la corrupción, entonces ellos pueden contratar a sus abogados y ofrecerle un caso al gobierno, y si ese caso procede y el denunciante ha demostrado que se cometió una actividad ilícita, entonces se puede cuantificar cuánto ha perdido el gobierno, y una parte de la multa que se impone a los responsables se comparte con el denunciante, y eso puede resultar en millones de dólares.
Pero tenemos que tomar en cuenta que ser un denunciante no es divertido, tienes que tener paciencia, tienes que tener buenos abogados que te cobrarán bien, pero también tienes que tolerar muchas cosas desagradables y tener la voluntad de tolerarlo por un marco de tiempo extenso. Creo que ha sido un disuasivo importante. Yo creo que sí se puede diseñar un sistema efectivo de denuncias anónimas que pueda tener buenos resultados. No es la única solución, pero produce incentivos para que las personas se animen a denunciar.
E: ¿Podría compartir con nosotros casos que haya estudiado de países que lograron reducir prácticas corruptas de sus servidores públicos?
R-A: Sí, hay varios casos, uno de ellos es Ghana, en el que había mucha corrupción en la agencia tributaria. Lo que hicieron fue implementar una reforma en el sistema tributario para simplificar los procesos, para que existiera menos discrecionalidad entre los cobradores de impuestos, y los recompensaba cuando recolectaban más impuestos. Esa creo que fue una experiencia exitosa. Algo similar sucedió en otro país del este de África con los aranceles, ya que se tenía mucha discrecionalidad con las cajas de los productos importados, se tenían que categorizar, y tenías una caja que tenía un arancel del 25 por ciento y una caja que tenía un arancel del cinco por ciento, entonces pagabas un soborno para que en algo que, en realidad tenían que cobrarte 25 por ciento de arancel, se te cobrara cinco por ciento. Entonces decidieron simplificar el sistema de aranceles y todos pagaron 10 por ciento de aranceles, y eso redujo la fuga. No se podían medir directamente los sobornos, pero se podía ver cuánto más se estaba cobrando en aranceles, y fue algo benéfico.
En Uganda había una fuga importante de recursos que provenían del gobierno central, que se debía destinar a los gobiernos locales para las escuelas, e intentaron reducirlo. Aparentemente una estrategia exitosa fue, en términos de transparencia, dejar muy claro cuánto dinero estaba siendo destinado a cada escuela, y lo publicaban en un periódico mural en el centro de la ciudad, entonces las asociaciones de padres y profesores podían ver cuánto dinero estaba siendo recibido por el gobierno de la ciudad. Aparentemente, como resultado, más dinero terminó llegando a las escuelas, contrario a lo que sucedía que se diluía en el camino, no solo en el poblado, sino en las áreas intermedias por las que pasaba antes de que llegara a la ciudad, desde el gobierno central, al gobierno regional, y hasta llegar al poblado. Ese es un ejemplo de transparencia que ha funcionado.