José Ugaz es un abogado penalista peruano y expresidente de Transparencia Internacional. Fue también procurador ad hoc del caso Fujimori-Montesinos, en el que se enjuició al expresidente peruano y a su asesor de inteligencia por violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante su periodo de gobierno.
Ethos: ¿Cuáles son algunas de las condiciones estructurales mínimas para que avance una agenda anticorrupción en un país?
Ugaz: Las condiciones son, en primer lugar, permitir que las agencias operadoras del sistema de justicia hagan su trabajo, que no haya obstrucción, ataques ni boicoteo al trabajo que hacen las fiscalías, las policías o el Poder Judicial, eso es fundamental. Por lo tanto, tiene que haber un escenario en el que las condiciones estén dadas para que cada uno cumpla con su cometido.
Otra cosa son los recursos, se necesitan recursos materiales. Evidentemente las investigaciones requieren de personal calificado y, ahora más que nunca, de herramientas tecnológicas. Se requiere el reforzamiento de los despachos, tanto del ministerio público como de los juzgados y procuradurías para que se pueda acometer esta tarea, que es compleja, donde normalmente hay expedientes muy voluminosos con decenas, cientos o miles de personas involucradas.
E: ¿Cuáles son algunos de los retos que enfrentan las instancias anticorrupción?
U: La sostenibilidad es un reto, porque estos son procesos dinámicos y requieren de un esfuerzo sostenido, permanente. No basta por supuesto una arremetida temporal o corta, porque la corrupción no da descanso, se renueva permanentemente, es y tiene una presencia constante. En la medida en que es un reto que no tiene un plazo fijo, ahí está su dificultad.
La institucionalización, por supuesto, es un escenario ideal, pero en países con corrupción estructural, sistémica, como es el caso de México o Perú –y casi toda América Latina, diría yo– eso no es fácil de lograr, porque las instituciones precisamente están diseñadas para ser funcionales a la corrupción.
Sin embargo, se han logrado conquistas importantes, por ejemplo, las leyes de acceso a la información y de transparencia, los portales donde los funcionarios públicos deben consignar sus decisiones y sus movimientos, la obligatoriedad de que presenten declaraciones juradas para hacer seguimiento a los signos exteriores de riqueza. Hay varios logros institucionales y normativos que se han venido implementando, pero siempre resultan pocos para el tamaño del reto.
E: ¿Qué tan importante es la voluntad política para lograr avances en el combate a la corrupción en un país?
U: Un primer elemento indispensable es la voluntad política, en particular en países donde la corrupción es estructural. Se requiere esa presencia desde los niveles de liderazgo más altos del país y de los grupos de élite, tanto en el sector privado como en el sector público. Si tal voluntad política es inexistente, siempre cabe la posibilidad de que sea la sociedad civil organizada la que pueda, de alguna manera, generar la presión o crear las condiciones para que esa voluntad política surja, pero sin ella es bastante complicado poder avanzar en investigaciones, sobre todo si son de corrupción a gran escala, si tienen mucha complejidad o tocan fibras del poder que puedan bloquear cualquier esfuerzo por investigar o sancionar estas prácticas.
A ello hay que sumar, por supuesto, que también deben existir instituciones –o por lo menos algunos individuos dentro de ellas– que tengan la capacidad, el coraje y la motivación suficiente para impulsar las investigaciones anticorrupción.
El caso peruano es uno de ellos. Durante el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua, estando yo a cargo de la Procuraduría Anticorrupción, recibimos todo el apoyo del gobierno, y eso implicaba no solamente apoyo moral, sino recursos y las condiciones necesarias para que esas investigaciones pudieran avanzar. Aunque fue un gobierno corto, en sus ocho meses de duración y los 14 meses que estuve a cargo de la Procuraduría, logramos resultados muy importantes, se sentaron las bases para un proceso anticorrupción vigoroso.
E: ¿Qué papel juega la exigencia ciudadana en este escenario?
U: La movilización popular en temas de corrupción es un componente que en los últimos años se ha hecho más visible. Vemos cómo en Corea del Sur ha caído la gobernante, precisamente por una marcha de más de un millón de personas exigiendo su dimisión. Algo similar ha pasado en Rumanía, donde después de una marcha donde también hubo más de un millón de personas, se pudo bloquear una ley que pretendía legalizar los sobornos hasta por 10,000 euros.
En el caso de la Primavera Árabe, que implicó la caída de varios líderes corruptos de la región, fue lo mismo, aunque en todos esos casos estamos hablando de temas muy puntuales donde hubo sostenibilidad en el esfuerzo.
El caso de Guatemala es interesante por el tiempo en el que la sociedad civil estuvo movilizada: todos los sábados en la tarde, durante meses, frente al Parlamento, exigía que el presidente y la vicepresidenta fueran procesados. Al final fueron efectivamente investigados y hoy día están presos.
En el caso peruano igual, hubo una sociedad civil movilizada ante la ausencia de voluntad política por parte de las más altas autoridades del Ministerio Público que, por el contrario, querían destituir a los fiscales anticorrupción. Los ciudadanos lograron parar esa situación y han generado un escudo de defensa importante para los fiscales anticorrupción.
E: ¿Qué importancia tiene el combate a los pequeños actos cotidianos de corrupción?
U: Es un fenómeno que hay que tener en cuenta porque si bien hablamos en estos tiempos de la gran corrupción, ella no desplaza a la corrupción cotidiana, la corrupción administrativa que hemos padecido siempre y que hoy en día tiene un volumen totalmente distinto, con un efecto cualitativo. No solamente es un tema de números o de más dinero sobre la mesa, esa gran corrupción tiene un impacto directo en los derechos humanos de la gente, particularmente de los más pobres.
De alguna manera ya está definida por Transparencia Internacional. La corrupción tiene, básicamente, tres elementos: los autores que tienen poder político o económico quienes, en segundo lugar, movilizan grandes cantidades de recursos, y lo vemos en todos los casos como [el del egipcio Hosni] Mubarak y [el tunecino Zine El Abidine] Ben Ali; [el catalán Jordi] Pujol; [el ucraniano Victor] Yanukóvich; [el panameño Ricardo] Martinelli; [el peruano Alberto] Fujimori, y [la operación brasileña] Lava Jato, por supuesto, con hasta 50,000 millones de dólares.
El tercer elemento es ese que acabo de mencionar, que tiene un impacto en los derechos humanos de la gente; la corrupción mata, enferma, impide la educación, la vivienda digna, el acceso al agua potable. Y una consecuencia de esos elementos es que normalmente permanecen impunes, aunque en América Latina ha empezado un fenómeno nuevo en el que se están generando brechas de ruptura de esa impunidad. Vamos a ver hasta dónde llegamos.
E: ¿Qué tan complicado es generar una conciencia entre la ciudadanía de la gravedad de la corrupción?
U: La corrupción es un fenómeno complejo, a diferencia de otros delitos que tienen víctimas visibles y que son muy concretas, como en el caso del homicidio. En la corrupción la víctima no tiene un rostro muy definido, y ese es el reto que se les plantea a las organizaciones y activistas que luchan contra este problema.
Entonces ocurre que, ante la falta de visibilización de las consecuencias y de las víctimas de la corrupción, la gente no lo toma en cuenta, no hay una conexión emocional que motive a una reacción más sostenida, permanente y cohesionada que pueda generar un cambio. Por otro lado, las propias víctimas de la corrupción –y eso lo puedo constatar en muchos casos, sobre todo tratándose de la gente más pobre– no son conscientes de que son víctimas y atribuyen su propia situación a otras fuerzas. No tienen claro por qué es que están postradas en la situación en la que se encuentran y eso dificulta mucho el trabajo.