María Fernanda Garza es vicepresidenta de la International Chamber of Commerce (ICC), y antes fue la presidenta de este organismo en México. Formó parte de la delegación de empleadores de México ante la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y es considerada una de las promotoras de responsabilidad social empresarial más sobresalientes e impulsora de la cultura de la honestidad e integridad en pro del combate a la corrupción.
Ethos: ¿Cómo afecta en la inversión a un país como México el hecho de que su imagen se asocia directamente con corrupción?
Garza: Para los inversionistas y empresarios, lo más importante es tener certidumbre y desafortunadamente en México no la hay, porque no se aplica el Estado de derecho. La ley no se ejerce de igual manera para todos en el país y eso genera mucha incertidumbre jurídica en inversiones y en toma de decisiones comerciales.
E: ¿Cómo afectan los actos de corrupción al libre comercio?
G: En realidad, el libre comercio ha reforzado la necesidad de generar mecanismos de combate a la corrupción. Por ejemplo, cuando se firmó el NAFTA [Tratado de Libre Comercio de América del Norte] hace 25 años, no se incluyó prácticamente ningún articulado que fuera en este sentido, ahora todos los acuerdos internacionales de libre comercio ya lo incluyen [el Capítulo 27 del TMEC]. Hay quienes dicen que [los tratados] son candados para los países en vías de desarrollo, pero en realidad ayudan a mejorar sus procesos, porque se vuelve una obligación hacer cambios constitucionales y legales en pro del combate a la corrupción. [El libre comercio] no es un freno, es una gran ayuda.
E: Con base en la experiencia de otros países, ¿podemos acabar con la corrupción?
G: La corrupción es algo que no se va a acabar, se puede controlar y lo vemos en aquellos países más adelantados que México, que llevan años implementando procedimientos y reglas tanto en el sector público como en el privado, lo único que demuestran es que la corrupción sí se puede acotar, pero nunca va a ser una tarea finalizada, siempre vas a tener que seguir cerrando los huequitos que la gente deshonesta y corrupta va encontrando entre los marcos legales.
E: ¿Qué tan enquistada está la corrupción en el ámbito privado, en el área empresarial?
G: Hay empresas que ya entendieron que a largo plazo no es una buena estrategia de negocio seguir cerrando tratos como se hacía antiguamente, a base de compadrazgo. No son todas. Todavía hay quienes creen que hacer negocios con base en la corrupción en México no tiene nada de malo y ese es el problema, mientras las personas no lo entiendan y no lo hagan propio, no va a cambiar. Tenemos que llegar a los dueños, a los accionistas, para explicarles por qué es tan importante no solamente para la sociedad, sino para su misma empresa.
E: ¿Algún ejemplo de buenas prácticas empresariales?
G: En México tenemos socios de todos los sectores productivos, de todos los tamaños, desde despachos, bufetes y grandes empresas que reconocen a la corrupción como un riesgo corporativo. ¿Qué hacen? Blindarse con códigos de ética y manuales de integridad.
E: ¿Cuál fue el parteaguas que trajo estos cambios?
G: A principios de los años setenta hubo grandes escándalos de corrupción a nivel mundial que hicieron notoria la necesidad de crear marcos regulatorios y convenciones. El ICC entonces desarrolló una guía sobre ética y cómo reconocer actos de corrupción, que se convirtieron en la base para los marcos regulatorios de Naciones Unidas y la comisión anticorrupción de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] que se han expandido por todo el mundo.
E: En México hemos tenido varios escándalos de corrupción en los que participaron empresas privadas. En esta línea, ¿cuáles deben ser nuestras prioridades?
G: A la comunidad global no le sorprende que existan actos de corrupción, lo que sorprende terriblemente es que sucedan y no se tomen las medidas necesarias para evitar que vuelvan a suceder. Y ejemplos tenemos muchos. Si bien México ha implementado reformas importantes, el éxito está en su implementación y aún falta la coordinación entre todas las instituciones involucradas en el combate.
E: ¿Afectan los cambios de administración a la lucha contra la corrupción?
G: Sin importar colores, ha sido difícil reunir personas interesadas en el tema. Algo que ha dañado el avance es que se ha puesto de moda el combate a la corrupción, entonces todos se dicen interesados en el tema, pero nadie toma las decisiones que se requieren para verdaderamente avanzar. Lo vemos con el Sistema Nacional Anticorrupción que surgió luego de grandes escándalos, costó trabajo hacerlo surgir y aun existiendo, no es cien por ciento operativo.
E: ¿Qué le falta para operar con total libertad?
G: Le falta trabajar con otras instancias, incorporar a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Hacienda, a los comités de Ética del Senado y de la Cámara de Diputados, al Instituto Nacional Electoral, porque la corrupción les ha impedido lograr adecuadamente cada uno de sus quehaceres. Hay que reforzar la rendición de cuentas y construir un compromiso sólido que recupere la confianza del público en el gobierno.
E: ¿Cómo reforzar lo que ya se tiene?
G: Aprovechando la tecnología, sobre todo para cruzar información entre las diferentes dependencias, porque hemos invertido en tecnología que no estamos usando. Esto nos puede permitir detener muchos actos ilegales en el país no sólo de corrupción entre funcionarios públicos y sector privado, sino también de lavado de dinero.
E: ¿En qué debe consistir la participación de la sociedad civil en esta lucha?
G: El papel de la sociedad civil es primordial. No es nada fácil, porque de lo que se trata es que las personas que están gozando de privilegios indebidos, los que tienen la responsabilidad de cambiar las leyes, lo reconozcan y los cedan. Por ello la sociedad civil debe acorralar a los políticos a cargo de tomar esas decisiones para que lo hagan, porque mientras sientan que le pueden dar la vuelta, no van a ceder [esos privilegios].
E: ¿Consideras que son suficientes los recursos que se destinan al combate?
G: No. El expresidente Ernesto Zedillo dijo hace unos años que México debía invertir más del 2% del PIB para asegurar que el sistema de justicia realmente funcione. Si no tenemos una inversión sólida para tener un Estado de derecho, todo queda en bonitos deseos.
E: ¿Podrías compartirnos tres buenas prácticas en materia de combate a la corrupción que deberían tener empresas y gobiernos?
G: Primero, contar con todas las herramientas necesarias dentro de la empresa: procedimientos claros, un código de ética y personas encargadas de dar a conocer a los empleados, accionistas, clientes y competidores que eres una empresa íntegra y tienes reglas; lo mismo aplica para los gobiernos. Segundo, capacitar constantemente a todos los involucrados. Tercero, no pensar en lo difícil que es la tarea que tenemos hacia adelante, sino reconocer todo lo que hemos logrado hasta hoy.