Haydée Pérez Garrido es directora ejecutiva de Fundar desde 2015. Tiene estudios de maestría en Democracia y Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es especialista en temas de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y gobierno abierto. Es coautora de cuatro libros especializados y de varios artículos sobre estos temas. Fue representante de las organizaciones de la sociedad civil en la Alianza para el Gobierno Abierto en México, plataforma internacional que aglutina a 64 países que trabajan en favor de la apertura e innovación gubernamental para fortalecer la gobernanza.
Ethos: ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta México en materia de corrupción?
Pérez: Me parece que no terminamos de asumir como país que el principal reto es desmantelar las redes de corrupción en las que participa el poder político, el poder económico y los poderes ilegales, que no se trata de hacer una persecución individual de entes, ya sean empresarios o políticos corruptos, sino que hablamos de un sistema que se construyó a partir de prácticas de corrupción y que el reto enorme es generar instituciones lo suficientemente fuertes y capaces para desmantelar esas redes. Necesitamos entender cuáles son los fenómenos de macrocriminalidad detrás de ellas, inclusive ver mucho más allá de nuestras fronteras y no pensar que una cacería de brujas nos resolverá el problema de fondo porque, por otro lado, tenemos que hacer que las instituciones del Estado puedan realmente tener la capacidad de detectar esas redes, de desmantelarlas sin corromperse, lo cual es sumamente complejo porque a partir de estas redes se ha construido el propio Estado mexicano.
E: ¿En el mundo hay ejemplos de países que lograron desmantelar estas redes de corrupción?
P: Un caso muy relevante que conviene estudiar es el de Guatemala con la [Comisión Internacional contra la Impunidad] CICIG, que tuvo una hipótesis y supuestos que podrían parecerse bastante a la situación que vive México: el Estado guatemalteco ya no podía por sí mismo, entonces fue necesario crear una institucionalidad separada de las instituciones que estaban francamente corrompidas, que no funcionaban; pensar que se pueden salvar para que den resultados es una idea interesante y atractiva, pero creo que también toca reconocer cuando eso ya no es posible.
Lo que hizo la CICIG fue generar una institucionalidad con agentes, comisionados y demás a prueba de fuego, realmente con capacidades, compromiso y experiencia para entender este tipo de fenómenos y desmantelar las redes. Es una experiencia interesante, no estoy diciendo que como tal sea un caso de éxito porque hay cosas qué aprender, pero lo que me parece más relevante del caso de Guatemala es que aceptaron que necesitaban ayuda de afuera, requerían de una nueva institucionalidad por el carácter tan sistémico de la corrupción, de la impunidad y de las redes de macrocriminalidad. Y de eso echaron mano.
Guardando las proporciones, un botón de muestra de esto es el GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes] para el caso Ayotzinapa: se echa mano de las instancias y expertos internacionales para que ayuden, dado que es gente que está blindada de alguna manera de las redes al interior del país, que no tiene compromisos ni conflicto de interés.
E: ¿Ha habido avances en materia de corrupción desde que se dio una transición formal a la democracia?
P: Sin duda, muchos. México ha avanzado en una serie de reformas legislativas relevantes y ha construido instituciones que tienen potencial para combatir la corrupción. Si vemos desde el año 2000, el de la alternancia política, al día de hoy, tenemos en 20 años leyes en materia de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y también una reforma constitucional de derechos humanos que nos dice cuál es el mandato del Estado mexicano y cómo tienen que avanzar sus políticas públicas siempre desde ese enfoque. Asimismo, hay muchos avances respecto del sistema de seguridad y de procuración de justicia, al tiempo que se han generado instituciones para atender otras problemáticas muy puntuales.
Podemos ser muy críticos de estas reformas legislativas y de las instituciones que se han creado, porque claro, uno puede decir que ahí están las leyes y de todas maneras el país está en una fuerte crisis de violaciones a derechos humanos, de corrupción y de impunidad, lo cual creo que es innegable; pero también sería ingenuo pensar que en un lapso tan corto se pueda desterrar una problemática estructural y sistémica. Me parece que tenemos la obligación de ver esto en su justa dimensión y notar que cambios tan profundos como los que necesita México no se hacen en una década ni en dos. Conviene que valoremos lo que hemos creado.
E: Además del Poder Legislativo, ¿en dónde crees que están los eslabones débiles de la lucha contra la corrupción del Estado mexicano?
P: Está el pendiente de que los informes de la Auditoría [Superior de la Federación] no se queden en informes, que realmente hagan todo el trayecto necesario para que se corrija la política pública y que haya este vínculo con la Fiscalía General de la República. ¿Qué pasa con todo lo que detecta la Auditoría? ¿Cuáles se mandan, cuáles no se mandan y cuál es el estatus [penal]de cada uno de esos casos?
Creo que también hace falta que de manera más decidida el sector empresarial asuma su responsabilidad. ¿Cómo hacer un compromiso para empezar a vincularse con el Estado de otra manera? Sin duda uno de los temas importantes es el de las contrataciones públicas, que haya un esquema que nos provea de información importante acerca de cuáles son las empresas con las que está contratando el Estado, cuál es su récord y que haya consecuencias para aquellas que están en la lista negra para que no sigan contratando y que realmente tengan un castigo.
E: ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en el combate a la corrupción en México?
P: De entrada, todos cometemos un error al hablar de la sociedad civil como si fuera un solo actor, un solo ente con los mismos intereses, capacidades, recursos y posibilidades. La sociedad civil es tan diversa como el país. Hay distintas visiones acerca de cuál podría ser su papel para combatir la corrupción, y esa pluralidad puede aportar cosas distintas. Me parece muy bien que haya organizaciones que se entienden a sí mismas como un contrapeso al poder político, entonces se miran como organizaciones que tienen que sacar a la luz y detectar casos de corrupción, de conflicto de interés, de fraudes, etcétera, y del otro lado del abanico de posibilidades de la sociedad civil también me parece muy bien que existan unas con ánimo de colaboración, menos confrontativas o directas, con una interacción menos tensa con el Estado.
E: ¿Cuál es tu opinión del actual Sistema Nacional Anticorrupción?
P: Yo creo que hubo supuestos detrás de la construcción del SNA que a la luz de los años hemos visto que es necesario revisar, porque se pensó que tal vez era más sencillo de lo que realmente ha sido; que las instancias públicas colaboren, se reúnan, compartan información, se distribuyan el trabajo y las responsabilidades, que haya una coordinación interinstitucional efectiva en función de un objetivo común. Eso es mucho más complejo de lo que se veía en su momento. Yo creo que está bien planteado, pero finalmente no ha sido tan sencillo que haya esos incentivos de colaboración ni lo ha sido generar una visión de cómo combatir la corrupción. Creo que conviene revisar en dónde vale la pena hacer ajustes.