Juan Pablo Castañón es actuario por la Universidad Anáhuac y maestro en Administración de empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial en México (2015-2019) y presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex, 2012-2015). Castañón ha sido socio y consejero de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacitra) y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco-Servytur).
Ethos: ¿La corrupción está ligada exclusivamente a transacciones económicas?
Castañón: La corrupción está en todos los sitios donde no hay reglas claras. En materia política, para hablar con la verdad, para no calumniar [y opinar] sin sustento, para hacer política con honestidad con una visión abierta hacia el público y no manipulada, en esa área tenemos obstáculos muy serios porque no existen reglas claras, es muy permisible. Así que tanto en la parte económica como en la política tiene que haber claridad en las reglas.
E: ¿Qué balance haría del reciente esfuerzo por fortalecer a las instituciones en sus mecanismos de combate a la corrupción?
C: A raíz de la crisis del año 2008, en el mundo se observó cómo debido a malas prácticas de algunas empresas –incluso aquellas que reportaban en bolsa– cayeron en problemas de opacidad y terminaron quebrando. Por ello en las empresas a nivel global se ha generado una nueva cultura de cumplimiento y de obligaciones que está permeando también en las compañías mexicanas. Esta evolución debe transmitirse a la vida cotidiana de las empresas y su relación con los gobiernos, más allá de quién gobierne. Las políticas anticorrupción tienen que ser ajenas al quehacer político para que generen certeza y compromiso de todos los actores, deben sobrepasar los periodos gubernamentales para generar confianza y estabilidad a largo plazo, de lo contrario esto [la corrupción] impedirá el crecimiento porque impide la inversión.
E: ¿Cómo han evolucionado las empresas en el combate a la corrupción?
C: El sector empresarial ha establecido compromisos tanto con la Secretaría de la Función Pública como hacia el interior de grandes empresas para contribuir a una cultura de mayor cumplimiento. Esta cultura abre posibilidades para que pequeñas y medianas empresas puedan participar en grandes contratos, cumpliendo y, al mismo tiempo, generando certeza de que [ganará] no el que tenga mejor relación [o contactos], sino el que ofrezca el mejor producto o servicio.
E: ¿Qué buenas prácticas se han instaurado en el ámbito empresarial?
C: [Las empresas] se han vuelto más competitivas a través de tecnología y de capacitación a sus trabajadores. Cuando se tiene la ventaja de una relación con la que, mediante corrupción, se pueden generar negocios y obtener contratos, la empresa no se preocupa en invertir en tecnología ni en la capacitación de su personal, pero cuando se eliminan las malas prácticas, tienen que mejorar y competir con sus propias herramientas. Ese cambio mental se está insertando, estamos entendiendo que las buenas prácticas dan más transparencia, mejores productos y resultados.
E: ¿En qué beneficia a un país tener empresas comprometidas con estas buenas prácticas?
C: Mayor eficiencia en el gasto público, mayor durabilidad de las obras que se realizan, mejor servicio público cuando está contratado con empresas que no usan la corrupción sino su tecnología. Hay mayor certeza porque el acceso deja de ser exclusivo a unos cuantos grupos cercanos a los tomadores de decisiones y se abre oportunidad para participar y ganar licitaciones, concursos y obras a cualquiera que tenga herramientas novedosas, tecnológicas y avanzadas.
E: ¿Qué pasos debería seguir una empresa tras detectar malas prácticas en el sector público?
C: Primero, dejar claro en su código interno de valores y de comportamiento que las malas prácticas no forman parte de la empresa. Y esto va desde “compensar” a un agente de tránsito hasta la obtención de contratos importantes para la compañía. El segundo paso es la sanción, que la cultura interna vea traducidas en el papel, en el reglamento, acciones concretas que den convicción a la actuación misma de la empresa, estableciendo que en sus relaciones de negocios no se incurre en ese tipo de actos.
E: ¿Haría falta establecer una cláusula anticorrupción en los contratos de obra pública, adquisiciones o servicios?
C: Es necesario que se considere en las distintas áreas del gobierno federal y después en los gobiernos de los estados, el establecimiento de reglas claras para actuar en caso de algún engaño o falsedad dentro de las contrataciones y, en caso de que no se subsane la falta, que se pueda romper el contrato asumiendo los costos que esto implica. El objetivo es generar confianza y, por ende, productividad, mejores resultados. En 2018 [desde el CCE] se lo planteamos a la Secretaría de la Función Pública.
E: A nivel internacional México tiene índices muy bajos de confianza y altos índices de corrupción. ¿Cómo nos afecta eso en materia económica?
C: La corrupción nos cuesta al menos 600 mil millones de pesos al año, casi el 4% de nuestro PIB. Estamos desperdiciando recursos que se van en proyectos con sobrecostos que no abonan a la competitividad, nos vamos a seguir alejando de esquemas de desarrollo y de progreso.
La única forma de combatir la pobreza y generar oportunidades para las personas es a través de educación y de empleo, y si no fomentamos códigos de conducta con valores desde la formación de los estudiantes, ni mejores prácticas en el quehacer y la relación de la vida económica con quien toma las decisiones públicas, vamos a seguir teniendo procesos de mediocridad en el crecimiento económico y en la calidad de los productos de sistemas de obra pública. Si seguimos como vamos, no dejaremos de ser un país en vías de desarrollo.
E: Las pequeñas y medianas empresas terminan involucradas en actos de corrupción como un mecanismo de subsistencia, ¿qué falta para impulsar su desarrollo fuera de este camino?
C: El 95% de las empresas en México tiene menos de 10 trabajadores, y seis de estos se dedican a atender reportes desde el SAT hasta la Secretaría del Trabajo, el Infonavit, el Seguro Social, etc. La regulación en México es muy alta y se requiere mucho esfuerzo de estructura para atenderla.
Desafortunadamente no se está invirtiendo en tecnologías en los municipios ni en los estados. Cuando no se invierte en la digitalización, los trámites quedan a criterio de las personas que toman decisiones, y si a estas les pagan poco, tienen una fuente alternativa de recursos a la mano. No solamente se trata de buenas intenciones, son realidades económicas. Si a eso le abonamos que el 80% de las pequeñas empresas no tienen una computadora, el grado de retroceso que tenemos para formalizar la economía, para incorporar innovación, para tener empresas de la siguiente generación es enorme.
E: ¿Qué nos falta fortalecer para mejorar el panorama?
C: [Reforzar] los cuadros de los partidos políticos. Que quienes lleguen a la toma de decisiones de nuestras leyes y políticas públicas estén mejor preparados para tener mejores legisladores, que puedan analizar las diferentes realidades con visión de futuro y que puedan apostar por la modernización de la empresa mexicana.
E: ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en esta construcción de una nueva realidad?
C: Si nosotros queremos en realidad crecer y graduarnos como una nación adulta, tenemos que tener una sociedad altamente participativa, pero participar altamente no significa quedarnos solo en retuitear o compartir en WhatsApp, necesitamos involucrarnos para aspirar a lo mejor dentro de nuestras estructuras y ser responsables de lo que hacemos desde nuestra individualidad. Tenemos que trabajar mucho en una cultura social que permita detener la ruta que llevamos hacia una degeneración de valores.