Sandrine Molinard
Hay captura política de las figuras del sistema anticorrupción, incluido el auditor superior

Sandrine Molinard es directora ejecutiva del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, institución  que fomenta la participación ciudadana vinculando, desarrollando y empoderando a las organizaciones y agentes de cambio en Nuevo Léon. Entre 2007 y 2013 fue profesora asociada en el Tecnológico de Monterrey y de 2006 a 2012 fue directora del Centro de Desarrollo Metropolitano de la misma universidad; posteriormente obtuvo un grado de maestría en Geografía Urbana por la London School of Economics.


Ethos: ¿Crees que la alternancia electoral en Nuevo León trajo consigo una disminución en la corrupción y una mejora en la rendición de cuentas?

Molinard: En lo que respecta al gobierno del estado, no ha habido grandes escándalos de corrupción como tuvimos en los sexenios anteriores, tanto con Rodrigo Medina como con Natividad González Parás, cuando hubo señalamientos de corrupción en redes muy elaboradas, con esquemas de enriquecimiento de terceros, lavado de dinero en Texas, precisamente el tipo de delito que trata de atacar el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que hemos visto con este gobernador [Jaime Rodríguez Calderón] son cosas un poco más burdas y tal vez corrupción no en montos tan grandes como se solían ver con Rodrigo Medina, cuando era de miles de millones de pesos.

Lo que vemos hoy son maniobras políticas, muy preocupantes, para hacerse del control del sector transporte a través del gobierno y heredar concesiones a particulares, probablemente vinculados con el gobernador.

A nivel de las alcaldías no hemos tenido mucha alternancia política, siguen dominadas por el PRI y el PAN y desde mi punto de vista ahí la corrupción sigue igual. Tenemos muchos reportes de gente que nos platica cómo está todo el esquema de corrupción en las áreas de desarrollo urbano, [la venta de permisos para vender] alcoholes, todo lo que tiene que ver con permisos y tramitología. Los gobernantes llegan al poder gracias a los muchísimos favores que le deben a muchísima gente, y esto implica que armen todo un esquema para poder cumplir esos compromisos. Se ha llegado a saber incluso cuánto cuesta cada puesto en una administración municipal, los funcionarios no se eligen por meritocracia. 

E: ¿A qué obstáculos se enfrentan los ciudadanos cuando hacen una denuncia?

M: A muchísimos. Hemos acompañado algunas denuncias aquí y es impresionante: te hacen ir 15 veces al municipio para rendir la misma declaración o te piden pruebas casi videograbadas y documentos físicos; si eres ciudadano y quieres denunciar, poco falta para que tú tengas que hacer toda la investigación. Pero si de por sí el ciudadano que ha sido víctima de la corrupción está cohibido, tiene miedo, no tiene ningún tipo de incentivo que lo motive a recabar pruebas. Los mismos funcionarios tampoco tienen incentivos para denunciar, porque obviamente quedan marcados como ovejas negras, pueden incluso ser vetados de cualquier administración pública.

E: ¿Cómo implementar mecanismos para proteger a los denunciantes?

M: Pienso que eso tendría que verse a nivel nacional, probablemente se necesiten algunas reformas a la Constitución. A nivel estatal quizá se pueda hacer sin esperar a que haya un cambio en todo el país, pero tiene que haber mecanismos garantizados desde la Constitución, como un presupuesto asignado para eso.

E: ¿Cuál debe ser el papel de los empresarios en la lucha contra la corrupción en Nuevo León?

M: La iniciativa privada tiene un rol importantísimo en varias vías, no solamente hacia lo que sucede entre el sector privado y el gobierno, sino dentro del mismo sector privado. Aquí en Nuevo León tenemos un problema que ha sido denunciado por el Servicio de Administración Tributaria en varias ocasiones, y es que hay muchísimas empresas factureras. Yo creo que los empresarios deberían pensar en crear una especie de sello anticorrupción, donde realmente vean ese tema como una ventaja competitiva y lo empiecen a proclamar. Siento que todos los empresarios están conscientes de que hay corrupción, escucho muchas historias, pero no se atreven a dar un paso más allá para involucrarse en resolver este tema. 

E: ¿Qué piensas del Sistema Anticorrupción local?

M: En el papel, tenemos todo para ser el mejor sistema estatal anticorrupción de México, pero en los hechos tenemos un sistema que no trabaja, no avanza, no da resultados. Vemos muy pocas acciones contundentes, ni siquiera de prevención o de detección, por lo que se ha visto muy mermada la esperanza de la ciudadanía en que el Sistema pudiera llegar a ser una nueva oportunidad de reducir los esquemas de corrupción.

Hay falta de voluntad política de las partes para que funcione. Hemos denunciado con frecuencia la captura política de las principales figuras del Sistema, como el auditor superior a manos de los partidos políticos, incluso nuestro Comité de Participación Ciudadana y el Comité de Selección que están parcialmente capturados. Los mismos órganos que integran el Sistema no han tenido el presupuesto suficiente o incluso algunas figuras que lo integran, por ejemplo la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción en el Tribunal Administrativo, no tienen el perfil idóneo, no saben mucho de responsabilidades administrativas. Creo que los nombramientos se hicieron precisamente por las cuotas de poder de los partidos.

E: ¿Cuáles deberían ser las tres principales prioridades en el combate a la corrupción del gobierno estatal?

M: Que se le dé dientes y más autonomía a la Contraloría estatal. También es crítico el tema de la Auditoría Superior [Estatal], realmente creo que lo mejor que nos podría suceder sería un reemplazo del auditor superior, porque ese señor tiene cuatro años en el puesto y cada año disminuye más el número de observaciones a la cuenta pública sin que nosotros podamos constatar que efectivamente hay una reducción de la corrupción; sus observaciones son muy selectivas sobre el gobierno estatal y los demás son blancas palomas. Y me parece también que el Sistema per se necesita varios ajustes, requerimos de una nueva Ley de Fiscalización. El sistema estatal tiene fallas estructurales que se deben corregir.