Fernando Nieto es licenciado en Política y Administración Pública por El Colegio de México (Colmex), maestro en Ciencias Sociales y del Comportamiento por la Universidad de Groningen de Países Bajos y doctor en Sociología por la misma institución. Ganador de 10 becas y distinciones entre 2008 y 2021, actualmente es investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colmex, donde está enfocado en los temas de análisis organizacional y profesionalización del sector público, tramitología, corrupción, costos burocráticos y gobierno abierto.
Ethos: ¿Cuáles crees que son los mayores avances que hemos tenido en los últimos 30 años en materia de combate a la corrupción?
Nieto: Hemos hecho varias cosas. Sí es cierto que México le ha apostado durante muchos años –en efecto hace 30 ya– a la construcción de instituciones en torno al sistema de rendición de cuentas. Claramente pusimos toda la carne al asador en la parte electoral, sin duda hubo un cambio muy importante, sobre todo desde el resquebrajamiento del régimen autoritario y el surgimiento del régimen de la alternancia. Ahora estamos en la crisis de este régimen, pero hubo mayor pluralidad y competencia, más certidumbre en la organización de las elecciones, y estas cosas son importantes.
La otra parte del sistema de rendición de cuentas es la calidad del gobierno. La legitimidad democrática depende de dos cosas: de los insumos del sistema político en la parte electoral (cómo se accede al poder político), pero también de cómo se ejerce ese poder (la parte de la calidad del gobierno). Y ahí el resultado es mucho más variopinto. Creo que ciertamente han habido historias de éxito; en transparencia, por ejemplo, hay un esfuerzo expansivo de construcción de instituciones y de organizaciones que progresivamente han hecho crecer el derecho de acceso a la información.
Otra parte que también ha sido relevante es la agenda de fiscalización. El papel que han tenido las auditorías, en particular la Auditoría Superior de la Federación, es cada vez más importante, aunque todavía tenemos mucho por hacer para que haya consecuencias reales de su observancia.
Así como hay ciertos éxitos, me temo que en otros casos hemos fracasado rotundamente. Seguimos sin tener, por ejemplo, servicio civil en México que garantice que quienes acceden a los puestos públicos sean profesionales del gobierno, personas que llegan a un puesto por un concurso público con criterios objetivos y no porque son amigos de tal o porque son leales a tal grupo político o tal proyecto.
En temas ya más estrictamente de combate a la corrupción, seguimos teniendo un problema brutal de impunidad. La gran mayoría de los delitos –no solamente de corrupción, sino en general– no se reportan, y de los que se reportan, muy poquitos alcanzan una condena real.
Durante muchos años hemos mantenido una práctica muy perversa de los “quinazos”, de estos golpes mediáticos que no necesariamente desmantelan redes de corrupción y tampoco generan incentivos distintos tanto para el ejercicio del poder como para una mejor integridad pública. Seguimos sin tener una política preventiva de combate a la corrupción, es decir, no solamente nos faltan las sanciones efectivas que pasan por la investigación y este tipo de cosas, sino también carecemos de la parte preventiva, de cómo prevenir que existan actos de corrupción. Entonces me temo que en la parte de la calidad del gobierno democrático, que incluye la agenda anticorrupción, los resultados han sido más bien variopintos.
Con todo, sería injusto decir que no se ha hecho nada, porque sí han sucedido cosas, se van construyendo reglas, hay normatividad y esfuerzos puntuales, si bien no siempre exitosos. Pero en el agregado de los últimos 30 años persiste una deuda importante en resultados y desde luego en la consolidación de un gobierno democrático de calidad, íntegro, incluyente, transparente.
E: ¿Te parece positivo que haya tantas instituciones de combate a la corrupción? La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Sistema Nacional Anticorrupción, los órganos internos de control…
N: No lo sé, la existencia de organizaciones en sí misma no necesariamente es una buena o mala noticia. Las buenas y malas noticias dependen del desempeño de estas instituciones. En el caso específico del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la última apuesta del Estado mexicano –quizá la más ambiciosa– para atacar el problema de la corrupción, es en realidad una estrategia inicial, no ha operado realmente. La ley es de 2015, la construcción de este sistema empezó relativamente hace poco y no hemos tenido muchos resultados para empezar a evaluarla.
Creo que independientemente del Sistema y de cómo vaya a funcionar o no, o si va a sobrevivir a esta administración, es cierto que tenemos ya muchas organizaciones con atribuciones muy concretas: las contralorías que hacen el control administrativo; las auditorías que fiscalizan; las fiscalías especializadas; los órganos de transparencia y de archivística. Entonces, ciertamente tenemos un poco las piezas del rompecabezas, algunas con resultados más positivos que otras.
La apuesta que hicimos en el Sistema Nacional Anticorrupción fue no crear más organizaciones (ya teníamos las necesarias), lo que faltaba ahora era ponerlas a trabajar juntas de tal manera que esos órganos fiscalizadores se pusieran de acuerdo y ahora sí pudiésemos arrancar por primera vez en este país una política coherente de Estado.
E: ¿Cuál crees que hasta ahora es el eslabón más débil en la cadena del combate a la corrupción?
N: Hay varios eslabones débiles. La denuncia sigue siendo un problema. Todavía no hay garantías de que la denuncia anónima sea efectiva. Aún hay contratiempos en la investigación de los casos de corrupción. Los órganos internos de control siguen estando rebasados en la mayoría de los casos, no solamente en términos de los números de las carpetas que tienen que investigar, sino también en cuanto a la falta de recursos profesionales, financieros e incluso materiales. Y en la parte de la sanción, los tribunales siguen sin aportar las tasas de condena que quisiéramos. Me temo que en toda la cadena que empieza en la denuncia, que sigue en la investigación y termina en la sanción –y si me apuras también habría una parte anterior, que es la prevención–, en todos lados tenemos todavía eslabones débiles. Es una cadena frágil.
E: ¿En el gobierno hay buena receptividad del conocimiento que se genera en la academia sobre corrupción?
N: Es una cosa un poco ambigua porque, por un lado, se nos pide todo el tiempo que participemos en los foros, que demos nuestras ideas, y al mismo tiempo vemos en muchos esfuerzos de política pública una pobreza de diagnóstico que no atiende precisamente a este conocimiento que se ha ido generando sobre el fenómeno de la corrupción en México.
Hay una desconexión entre lo que se está produciendo en las universidades y los instrumentos específicos de política pública. Es un problema, porque no hay un ciclo de retroalimentación, se genera mucha información que no se utiliza y eso no ayuda a nadie.
E: Se apilan los informes…
N: Sí, exacto, y después dicen que estamos sobrediagnosticados. Pues sí, en parte porque hay un montón de datos. El problema es que luego no sabemos si utilizaron esos datos para mejorar la política pública y eso no nos aporta nuevos datos. Este ciclo jamás funciona realmente. Lo que tienes es un montón de diagnósticos que en realidad jamás se articulan y no se ven reflejados necesariamente en una política pública.
Encuentras funcionarios que no saben analizar datos ni hacer regresiones, no saben estadística básica o creen que hacer estadística es un promedio. Eso es un problema, porque para que un Estado funcione, tiene que hacer cuatro cosas, como mínimo: tener capacidad de regulación, es decir, ser capaz de establecer reglas y quizá más importante, aplicarlas. Debe tener capacidad de coordinación, poner a las distintas partes del gobierno a trabajar juntas e incluso las de fuera del Estado, los actores no estatales. También debe proveer de bienes y servicios públicos y, finalmente, tener capacidad de análisis, ser capaz de no solamente generar datos, sino de aprender de esos datos y de los que generan otros actores, por ejemplo, la academia.
E: ¿Cuál crees que es el principal obstáculo que enfrenta México para terminar con la corrupción?
N: Pienso que son dos, en realidad. Uno es la falta de capacidad institucional. Insisto en que la cadena tiene eslabones débiles, sigue sin estar bien armada, articulada, tampoco cuenta con capacidades, recursos y política coherente. Eso no lo tenemos todavía. Así, el primer problema es ese, de capacidad institucional.
El otro es un problema social, uno muy complejo que excede los límites del Estado. No es un problema cultural, pero sí es uno que se ha normalizado en la sociedad mexicana y que no hemos dimensionado: que la gente entienda que el combate a la corrupción no es solamente un asunto de mi presidente o de los órganos internos de control o del Estado, sino un asunto social que nos compete a todos los ciudadanos.
E: ¿Y qué tiene que pasar? ¿Qué explica que las sociedades de otros países sí han logrado reducir la corrupción?
N: Irónicamente fueron dos cosas (y regresamos al punto original). Esos países crearon instituciones que sancionaban efectivamente los casos de corrupción, lo cual cambiaba los incentivos sociales, no solamente los políticos y administrativos. Si tú sabes que al policía de tránsito, pero también al gobernador o que a fulanito de tal los están sancionando efectivamente, pues eso empieza a cambiar los incentivos. Pero también y quizá la lección histórica más importante que tenemos es que no basta con eso. Hay que empezar a prevenir. ¿Cuáles son los países que tienen menores índices de corrupción? Los que tienen servicios civiles profesionalizados, con órganos de ética pública, con una estrategia de pedagogía pública que vincula la lucha contra la corrupción con el sistema educativo.